Si el asesinato del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán, tuvo algo que ver con la salida de Harrington, es algo probable. Además, el fiscal usurpador Tarek William Saab nunca le tuvo afecto. Así que este despido es una parte de los conflictos cotidianos entre las bandas delictivas que se disputan el poder y las áreas de negocios en Venezuela.
Katherine Harrington había sido nombrada vicefiscal el 4 de julio de 2017 por el Tribunal Supremo de Justicia en un procedimiento irregular, que se saltó el dispositivo que dispone que la Asamblea Nacional debe ratificar al candidato. Esto no ocurrió. Dos días después ella se presentó en la sede del Ministerio Público donde se le impidió el acceso. Dejó un papel informando su designación. Eso no le bastó y en menos de 24 horas ingresó en la maleta del carro de la fiscal Narda Dianette Sanabria, se paseó por dos pisos del edificio, hasta que los funcionarios de seguridad la sacaron de allí. Sanabria, expuesta como compinche de Harrington, había sido una de las acusadoras del caso de Leopoldo López.
El despido de Harrington es conveniente para el ansiado control del Ministerio Público por parte de Cilia Flores –quien apoya a Tarek William Saab, hasta nuevo aviso-. La situación también frena la avanzada sin riendas, por la que cabalgaban Diosdado Cabello, Néstor Reverol y Gustavo González. López, entre otros.
Las víctimas de la actuación de Harrington no son cualquier cosa. Con dedicación asumió la persecución a la disidencia. Para ello presionaba a detenidos, forjaba pruebas, ejecutaba prácticas perversas. Por sus manos pasaron líneas de acusaciones contra María Corina Machado, Diego Arria, Gaby Arellano, Lorent Saleh, Antonio Ledezma, Tamara Suju. También el piloto privado Rodolfo González que, si ella tuviera un mínimo de sensibilidad, cargaría la culpa de su suicidio.
Por su parte, el plan de los militares ha sido desmontar el Ministerio Público y para ello Harrington se mostraba dispuesta. Operaba bajo los hilos de un personaje llamado Joel Espinoza (cercano a Willmer Ruperti) quien junto al general Julio César Mora Sánchez (ex Policía Nacional contra corrupción y Oficina contra delincuencia organizada y terrorismo) inventaron un representante en el Ministerio Público que operaba los delicados casos políticos que el SEBIN tenía a bien manejar como propios. Todo remitido a Diosdado Cabello, quien expande su ancho abdomen cada vez que piensa en sus presos personales que le brindan la oportunidad de contemplar videos íntimos.
Alguna preocupación han de tener los jefes de la descabezada Harrington con los expedientes de negocios oscuros que, extorsión delante, generaban interesantes ingresos.
Ahora a Harrington le están dando la espalda. Tarek desde un principio procuró rodearse de gente de su confianza con quien había hecho buenas migas en la Defensoría del Pueblo y que tenían los antecedentes necesarios para ser abrazado por su causa: narcotráfico, extorsión, robo. Una banda, pues, con ignorancia absoluta en materia penal. Ese equipo se ha dedicado a inventariar los casos de corrupción no convenientes que deben ser sobreseídos bajo las alas diligentes de Maikel Moreno. Han dejado, eso sí, unas pocas causas que sirvan para hacer ruido y descabezar a enemigos molestos. Ahora están a su gusto.
Y es que Cilia siempre quiso la Fiscalía. El problema es que cuando impulsó a su comadre para quitarse de encima a Luisa Ortega Díaz, la candidata en cuestión fue sorprendida del brazo de Richard José Cammarano Jaimes, narcotraficante solicitado por dos tribunales después de que en su casa incautaron 1.200 kilos de cocaína. La acompañante del narco era la juez del TSJ, Miriam Morandi. La pareja pretendía pasar inmigración de Maiquetía y seguir rumbo a Portugal. Cammarano fue preso. Morandi no.
La guerra interna continuará con Cilia y Tarek mandando en un Ministerio Público cada vez más disminuido y decadente, mientras los vientos creativos de Néstor Reverol y Aristóbulo Istúriz anuncian nueva tempestad para la justicia. Ya se conoce que afinan el retroceso del sistema penal procurando el retorno del régimen inquisitivo, que bajo los hechos ya vienen aplicando.
