La jueza María Lourdes Afiuni sabe lo que es el infierno. Sus verdugos ejecutores de órdenes superiores le han susurrado al oído durante nueve años que nada pueden hacer para evitar torturarla. Ella sigue con medidas restrictivas de libertad. Continúa siendo la presa de Hugo Chávez.
Organismos defensores de los derechos humanos y de la profesión del Derecho, invocan con regularidad que se haga justicia. Recientemente, el Instituto de los Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados exhortó a Nicolás Maduro a ejecutar la absolución inmediatade la jueza de todos los cargos que le imputan y a proporcionarle una reparación efectiva, pronta y adecuada.
Recuerda este organismo –y vaya si hay que recordarlo en Venezuela– que el gobierno debe garantizar la independencia e imparcialidad judicial para que jueces, fiscales y abogados puedan desempeñar sus funciones sin intimidación, impedimentos, hostigamiento o interferencia indebida.
La jueza ha sufrido los rigores de un castigo presidencial luego de que Hugo Chávez ordenara al Poder Judicial que la sentenciara a 30 años de prisión. Su condena –sin juicio formal– resultó inmediata y ha sido continua, intensa, desgastante y sobre todo, ilegal. Su pecado fue aplicar la Constitución, el Código Orgánico Procesal Penal, la resolución de la ONU. El castigo la mantiene alejada de su hija y sin poder expresarse libremente.
Desde la detención de Afiuni, la situación en Venezuela ha empeorado. La lista de muertos en condición de presos políticos, va peligrosamente en aumento. En los tribunales ya no se cumple con casi ninguna formalidad.
La pesadilla comenzó para Afiuni el 10 de diciembre de 2009 cuando ordenó la libertad condicional al empresario y banquero Eligio Cedeño, quien junto a Gustavo Arráiz habían sido acusados por contrabando, favorecimiento para la obtención de divisas, distracción de fondos y asociación para delinquir, en un caso revestido de irregularidades. Cedeño llevaba tres años detenido esperando juicio. En el expediente estaba la recomendación de liberación del Grupo de Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas.
A Cedeño le fue incautado el pasaporte pero eso no impidió que huyera del país. Desde entonces, la vida de Afiuni es blanco de penurias y violaciones. Lo increíble es que aun cuando ella no lo dice, no puede hacerlo porque tiene prohibido expresarse, lo volvería a hacer. Se siente juez hasta los tuétanos y mantener preso a alguien injustamente le sería insoportable.
Afiuni vive en libertad condicional desde junio de 2013. El juicio se mantiene sin decisión. El expediente despliega una colección de vicios en el proceso. En la audiencia preliminar la fiscal admitió que no hubo ni dinero ni promesa del mismo para la decisión en beneficio de Cedeño. Pero según el punto de vista del Ministerio Público, la juez había cometido acto de corrupción al sentir placer en dictar una medida cautelar.
Las secuelas de las torturas han hecho mella en el cuerpo de la jueza que fue abusada sexualmente en el centro de reclusión para mujeres, Inof. Una histerectomía, otra cirugía en un seno necrosado luego de la patada de una funcionaria calzando bota militar y la operación para reconstruirle el ano, la vagina y la vejiga, fueron las intervenciones más urgentes.
Quien dirigió las acciones judiciales ejecutadas contra la jueza Afiuni fue la presidenta del entonces Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estela Morales. La Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público no movieron un dedo en defensa de sus derechos.
Las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las solicitudes de liberación de parte de la Conferencia Episcopal, los clamores de Human Rights Watch o del Departamento de Justicia de Estado Unidos, han quedado para el anecdotario de un régimen al que cada día le importa menos mostrar sus manos manchadas de sangre.
El tribunal donde se aloja el expediente de Afiuni cerró el proceso de recepción de pruebas el 31 de enero de 2018. Desde entonces, el juez decidió no dar despacho, por lo que ella y sus abogados están impedidos de solicitar copia certificada, por ejemplo. La jueza sigue expuesta al deseo de un mandatario que la condenó en cadena nacional.
Y al sentenciarla a la pena máxima, Chávez lo hizo con la justicia. Garantizó que un juez comprendiera lo que le iba a suceder si se atrevía a tomar una decisión que discrepara de los intereses del gobierno. Decapitó el estado de derecho.
