Un coronel de la Fuerza Armada venezolana fue colocado en un puesto fronterizo con Colombia. A los pocos días se presentó un emisario que esperó pacientemente que el militar lo atendiera. Cuando entró a su oficina, soltó una bolsa con más de 80 mil dólares. El oficial gritó: "¡llévese esa vaina!" "Eso es suyo –respondió el personaje-. Si usted quiere, lo bota, lo quema, lo regala; yo cumplo con la orden de entregárselo. Aquí está la tarjeta de quien lo envía". Se trataba de un empresario del oro. El episodio impulsó al coronel a Caracas, donde renunció. Le dijo a su superior: "Voy a ceder, evitarlo es imposible. El mecanismo de corrupción comienza con los jefes. No quiero seguir ahí, me va a morder esa máquina, me va a destruir". En efecto, son muy pocos los que resisten.
El pasado 23 de julio el Presidente (E) Juan Guaidó volvió a alertar: “el usurpador cobarde está regateando dólares por nuestro oro… es el empeñador del oro ajeno… sabemos lo que Turquía y los Emiratos Árabes están haciendo con nuestro oro. No colaboren más, por favor”. Guaidó sabe que la dictadura ha conseguido burlar las sanciones que intentan frenar el comercio ilegal con el que se enriquecen los jerarcas del régimen y compran lealtades en la FANB.
El oro lo sacan en avionetas privadas y aviones públicos, en pequeños botes y grandes yates, en gandolas y vehículos oficiales civiles y militares y hasta a pie con jóvenes reclutados como mulas que cruzan la frontera. El oro sale a las islas del Caribe, a Centroamérica, a Asia y a Europa. La demanda mayor es del sector joyas. Los carteles de droga lo usan para lavar dinero.
Un reciente esfuerzo periodístico que significó la investigación durante un año de cinco medios (entre ellos el Nuevo Herald, El Correo del Caroní y el portal Runrunes) explota la verdad de lo que está ocurriendo. Recuerda cuando Maduro anunció el Plan Nacional Minero con el objetivo de “validar 8.900 toneladas métricas en reservas de oro hasta 2025”. En síntesis, el plan del usurpador es ponerle mano al segundo mayor depósito de oro del mundo. Y lo va llevando a cabo con los organismos de seguridad civiles y militares que protegen a los asaltantes repartidos entre colectivos de defensa de la revolución, pranes, guerrilleros del ELN y la FARC y pandillas permitidas por la jerarquía del régimen.
Casa sector asume su parafernalia. La de los pranes la encabezaba "el negro Juancho" y 3 mil hombres armados, con mineros artesanales y cuidadores. Sin embargo, un día al negro Juancho lo tumbó otro más poderoso: Nicolás Maduro Guerra, quien no es desamparado por los hermanos Ricardo y Santiago Morón Hernández. Para facilitar las cosas al heredero, la élite mafiosa se puso creativa y anunció la “Operación manos de metal”, con la supuesta misión de atacar el contrabando de extracción. Con la jugada, Nicolasito y sus amigos lograron comprar mucho oro a menor precio, después de expulsar a grandes compradores para que productores artesanales y contrabandistas no tuviesen a quien vender. Obvio: ante el exceso de oferta bajaron los precios. Y ellos ampliaron su ganancia.
La élite militar convive y se reparte. Lo han hecho desde el DGCIM Iván Hernández Dala y Alexander Enrique Granko Arteaga, o desde el Zodi Bolívar el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto Jesús Mantilla Oliveros, o Gustavo González López desde el Sebin. Todos bajo la mirada comprensiva de Vladimir Padrino López.
Maduro papá, por su parte, tiene varios socios, según registran los organismos de inteligencia. Destaca el empresario colombiano Alex Saab, investigado por lavado de dinero con las bolsas Clap.
Si bien el sur del país es el foco de las operaciones, los codiciosos asaltantes van descubriendo vetas, tal es el caso de Cojedes donde la exgobernadora Erika Farías y su sucesora Margaud Godoy llevan una explotación en Sabana de los Taguanes cerca del Campo de Carabobo. El vecino gobernador, Rafael Lacava, también conoce del asunto. Allí Farías se buscó a unos miembros del Frente Francisco de Miranda, contrató unas chupadoras para la extracción y sin piedad destruye el ecosistema. Es su mina personal, pues. Ha llegado al descaro de solicitar vigilancia a los cuerpos policiales para brindar seguridad a su personal.
En el negocio, los operadores privados compran a mineros ilegales y lo venden a mayoristas quienes a su vez lo venden al BCV. En realidad no hay filtro legal en el negocio. El Banco Central tiene muchos clientes a quien ofertar.
Nada regula la explotación de oro en el país. Nadie protege el ecosistema, ni garantiza el respeto a los derechos humanos. La única ley es el delito.
