No hay organismo internacional y nacional que deje de advertirlo, ni experto que no insista en la pavorosa circunstancia que asola a Venezuela y el peligro inminente de una tragedia. Los términos no escatiman para asomar lo que puede venir: “Cinco países están en riesgo de sufrir una hambruna bíblica a causa del COVID-19 y uno de ellos es Venezuela”. La conclusión fue emitida esta semana por David Beasley, director ejecutivo del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Los países incluidos en este riesgo son: Yemen, República Democrática del Congo, Venezuela, Sudán del Sur y Afganistán.
El estudio precisa que para febrero pasado 7,9% de la población venezolana (2,3 millones) registraba inseguridad alimentaria severa. Adicionalmente, 32,3% necesita ayuda para acceder a alimentos indispensables para una dieta apropiada.
El informe enumera las razones que han llevado a esta situación. Todas –salvo el COVID-19– son atribuibles a la pésima gestión de quienes están en el poder: Venezuela ha perdido más de 50% de su PIB desde que Maduro llegó al gobierno, la hiperinflación impide a la población alimentarse en medio de una pandemia que no cuenta con los profesionales capacitados para atenderla ante el éxodo masivo.
Maduro, en su momento de mayor fragilidad y desgaste desde que ocupa Miraflores, ha decidido –como suele hacer el chavismo– huir hacia delante al intentar obligar a las empresas Polar, Plumrose y Coposa, al control de precios, en una peligrosa acción que puede dejar a Venezuela sin la arepa venezolana, entre otros productos. Cuidado si ese no es el detonante de su caída. La lógica indica que la temeraria acción terminará en blofeo del régimen y que tendrá que reconsiderar la medida ante la irreductible posición de Lorenzo Mendoza de no producir en esas condiciones.
Pero nada debe sorprender. Si acabaron hasta con la industria petrolera, ¿qué les importa destruir a Polar? Su cálculo es seguir aceitando una maquinaria que debe permitirles continuar operando en su estructura criminal. El país, Venezuela, es para ellos solo un territorio para sus delitos. Los ciudadanos nada les importamos, salvo aquellos peones que están a su servicio incorporados al sistema delictivo.
Por eso han activado decisiones con las que pretenden conseguir dinero y paliar problemas que les pueden generar conflicto, no solo con el pueblo necesitado, sino también entre los suyos. Para conseguir combustible han echado mano a los buques del empresario Wilmer Ruperti (aliado de los hermanos Rodríguez) junto al capital de Alex Saab (socio de Maduro) y el bolichico Alejandro Betancourt. Como regalo a ese apoyo, Maduro pasaría a las manos de sus amigos el negocio del gas doméstico que está por ser privatizado. Sin embargo, eso sigue siendo una solución temporal al desabastecimiento.
Maduro y los cubanos han decidido también ensayar planes defensivos ante posibles ataques. Entre sus escenarios de peligro está una acción quirúrgica de Estados Unidos que, de manera limpia, extraiga al usurpador de la silla que ocupa y lo someta ante la justicia internacional. Frente a esa posibilidad, la FANB llevó a cabo el fin de semana pasado unos ejercicios. Tan solo en la parte comunicacional evidenció una dramática fragilidad al ser deliberadamente saboteado por parte de los americanos el sistema TETRA (Terrestial Trunked Radio) utilizado en la prueba. Estados Unidos monitoreó todo con detalle. Así que el simulacro en La Gran Caracas, La Guaira, Barlovento, los Teques y Valles del Tuy, se vio en problemas.
Otro escenario que se han visto obligados a considerar es la explosión social. A pesar de la cuarentena por el COVID-19, la gente en el interior del país ha salido sin miedo a la represión. “Entre el virus y el hambre, que me mate el virus”, se ha convertido en una consigna expresada con ira y desesperación por quienes no tienen alimentos para comer ni siquiera una vez al día. Entonces, el régimen ha desempolvado un proyecto secreto bautizado a principios de 2018 “Plan Damasco”, que combina los dos peligros mencionados y procura ir aislando gradualmente a Caracas (y proteger el centro del poder) mientras el interior del país se desgasta por inanición. Obvio que a esos canallas no les importa que la gente muera de hambre. Eso explica que, desde el pasado viernes 23 de abril, unos containers –administrados por colectivos armados– han sido atravesados en parte de las vías que comunican a la capital con el resto del país.
Ese plan –y acá volvemos a Polar– contempla tomar posesión de los principales centros de abastecimiento de comida y así asegurar suministros para las principales unidades militares y sectores específicos del poder público. Los depósitos y distribuidoras de la provincia quedarían bajo el control de las ZODI. El segundo nivel bajaría hacia los consejos locales de distribución, igualmente controlados por ellos.
Todo un plan de sobrevivencia para la dictadura. Lo notable es que el hambre está ignorando los cañones.
