El régimen no hizo ningún esfuerzo por ocultar su talante dictatorial frente a la visita de la Misión de la Unión Interparlamentaria Mundial que estuvo en Venezuela esta semana. Apenas la Misión pisó territorio venezolano, los funcionarios encargados de trasladar a sus miembros decidieron cambiar unilateralmente el hotel donde serían alojados. Este hecho y los posteriores se encargaron de demostrar que los parlamentarios no tendrían un solo minuto en el que su privacidad no fuese intervenida. De hecho, es razonable sospechar que la razón del cambio de hotel se hizo para garantizar un espacio bajo su control con micrófonos y cámaras de videos colocadas en habitaciones y áreas sociales.
El despliegue de esbirros parecía más un desfile de funcionarios en sus distintas acepciones. Con presencia de hombres y mujeres armados las 24 horas, el hotel mostró a funcionarios militares y civiles de organismos de seguridad nacionales, regionales y hasta locales. Quienes prestaban servicio de atención no dejaban de mostrar sus armas de fuego y sus cámaras para fotografiar. Se presume que lo hicieron de manera deliberada porque sería más penoso que los efectivos creyeran que estaban cumpliendo con eficiencia su rol de encubiertos. Algunos más relajados decían que eran trabajadores de cancillería y se encargaban de seguir a los parlamentarios y trataban de colarse en las reuniones privadas.
Los miembros de la Unión Interparlamentaria Mundial tenían más de cinco años procurando visitar el país y el régimen los había bloqueado. El intento más reciente fue en junio pasado cuando casi en la puerta del avión -con la ausencia de delicadeza que el régimen acostumbra- le fue anunciado a los diputados que su visa había sido revocada y que su visita quedaba suspendida por ocupaciones varias, ante los eventos de la celebración del bicentenario de la Batalla de Carabobo.
Está claro que en su visita los miembros de la Misión estuvieron absolutamente limitados. En todo caso su trabajo suele ser el mismo en los países a los que acuden. Ellos van adonde se les requiere y tratan de conversar con todas las partes involucradas para poder sacar una conclusión. El deber ser del estado de derecho. Pero en Venezuela eso no existe.
Sin embargo, la delegación logró reunirse con algunas organizaciones de la sociedad civil y víctimas, porque todos los diputados de oposición son víctimas de alguno o varios de los siguientes delitos: desapariciones forzadas, tratos crueles inhumanos y degradantes contra los diputados que han sido encarcelados, persecución política, acoso, limitaciones a la libertad de expresión, limitaciones al ejercicio parlamentario, violación a las reglas constitucionales que cercenan la institucionalidad de la nación, agresiones, discriminación a los diputados indígenas, discriminación a las mujeres parlamentarias, intentos de homicidio, agresiones, atentados, órdenes de detención, (tanto los presos como los que no, porque algunos han sido objeto de órdenes como mecanismo de presión o acto de persecución), y violaciones a la inmunidad parlamentaria. Sobre estos casos hubo evidencias y testigos con los que la UIP pudo constatar los delitos cometidos por el régimen.
Fue solicitud de los diputados opositores que la Misión también escuchara testimonios de casos vinculados a violaciones de derechos humanos en general y sobre la situación de presos y perseguidos políticos, aún cuando no es esa su competencia.
Lo insólito es que la parte fundamental que era reunirse con los dos parlamentarios presos fue imposible.
Ni el testimonio de Juan Requesens, quien estuvo en una prisión 752 días desde agosto de 2018 y después fue enviado a su casa por cárcel, ni el del diputado Gilberto Sojo preso en la mazmorra de la FAES, pudieron ser escuchados por los miembros de la Misión Interparlamentaria. Este caso del diputado Sojo es particularmente preocupante por estar muy delicado de salud con una dolencia cardíaca.
¿Qué buscó el régimen tratando así a los parlamentarios? ¿Restregar su poder? Aunque nada de lo que sucedió debería sorprender. En tanto las grabaciones a la privacidad, es conocida la debilidad de las cabezas del régimen por el vouyerismo.
La Comisión presidida por Duarte Pacheco de Portugal ya se marchó. Antes de noviembre deberá pronunciarse respecto a lo que logró constatar y en especial sobre cuál Asamblea habrá de validar antes de la próxima reunión. Hasta el momento la UIP ha reconocido a la Asamblea opositora presidida por Juan Guaidó. Pero en noviembre quién sabe. Para entonces puede que hasta la AN opositora se haya despedido voluntariamente. Porque así andamos.
