Cuentan que en Miraflores celebraban el éxito de haber seducido al fiscal Karim Khan, y que convencidos de que él, envuelto en halagos y atenciones había creído como cierto el relato construido por el régimen respecto a que en Venezuela se respeta la ley y que nunca se han violentado los derechos humanos. Pero hasta los más poderosos pueden ser engañados.
Cuentan también que quienes persiguen la justicia de nuestro lado, también creyeron lo mismo.
El fiscal Khan tiene una de las mejores caras de póker que he visto en los últimos tiempos. Y yo juego póker.
Se ha marchado del país un hombre que ha renovado la esperanza en los venezolanos. La decisión de que el expediente por crímenes de lesa humanidad contra Nicolás Maduro avance a la fase de investigación en la Corte Penal Internacional, debe ser interpretada como lo que es: un paso que acerca a la élite de la dictadura a responder ante la justicia.
Llevar a los jefes del régimen a la fase de investigación para establecer la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014, con especial énfasis en 2017, coloca por primera vez en estos años de dictadura, una espada de Damocles sobre quienes se han creído intocables violentando el estado de derecho. Ahora, la justicia internacional tiene facultad para actuar en el caso venezolano. La Fiscalía de la CPI podría incluso imputar en casos sustentados en sólidas evidencias.
Sin exagerar, es un paso histórico porque ciertamente la justicia es lenta, la internacional mucho más, pero aún así, la certeza de que llegará sirve de aliento para millones de venezolanos que han dejado el pellejo en esta lucha.
Lo anunciado por el fiscal Khan significa la posibilidad concreta de que los crímenes cometidos en el pasado no quedarán impunes. También es un aire para el futuro porque los delitos que puedan cometer ellos de ahora en adelante, estarán bajo la extrema supervisión del tribunal internacional.
Formalmente estamos siendo observados por la justicia occidental. Muchos con miedo razonable podrían sentirse alentados para denunciar actos de persecución política. Las detenciones ilegales, los procesos violentados, todas las violaciones de los derechos humanos solo agravarán la actuación de la dictadura que ahora formalmente está bajo la vigilancia de la CPI.
El fiscal Karim Khan ha dicho a los venezolanos, ustedes no están solos. Y le advierte a la dictadura: espero que mi equipo pueda acceder a lo necesario para las investigaciones requeridas. También es un bálsamo para las víctimas, entre ellos los presos políticos, a quienes este paso de la justicia reivindica su sacrificio.
El régimen debe pensarlo dos veces ante nuevas detenciones y casos montados. Otro mal paso engrosará su expediente.
Sin duda, esta decisión protege a los más débiles.
Es un mensaje también para aquellos que han callado ante crímenes y otras injusticias. Ellos, civiles y militares, deben entender que guardar silencio los puede convertir en cómplices imputables y que por el contrario alejarse de los delincuentes y señalarlos ante la justicia los salva de terminar como chivos expiatorios. La base chavista ya debería saber con cuanta facilidad la élite del régimen entrega a los que ve debilitados a quienes termina tratando como sus peores enemigos, llevándolos incluso hasta la muerte. Recuerden al general Raúl Isaías Baduel.
Las palabras pronunciadas por el fiscal Khan en el acto de Miraflores fueron de una sobriedad británica a las que Maduro trató de darle un giro con su poderosa maquinaria comunicacional que inventó una narrativa con la que intentó maquillar la situación. Así, el “memorandum de entendimiento” fue creado en el laboratorio de Miraflores que procuró matizar el golpe al hígado. Sin embargo, Maduro hiperventiló.
Queda pendiente que la dirigencia opositora venezolana haga la lectura correcta de esta decisión y respete este paso de la justicia sin pretender transformarla en una decisión política de la cual puedan sentirse propietarios.
Esta nueva fase que coloca en la mira de la justicia por crímenes de lesa humanidad a la élite del régimen no debe ser un tema de la agenda de negociaciones en México ni en ninguna otra parte del planeta. Los acuerdos políticos son una cosa y el camino de la justicia internacional otra y eso debe respetarse, aunque al final el resultado coincida en la ansiada recuperación de la libertad.
