La chatarra en Venezuela es tratada como un asunto de Estado. Amasijos de diversos metales, en especial el hierro, obras inservibles de lo que algún día fue una promesa de gestión, proyectos derrumbados con la desaparición de plazas de trabajo, sueños derruidos que ahora son oropel estratégico para el régimen y sus mafias.
La gran obra del madurismo es ese despojo que se sostiene sobre la ilegalidad y la destrucción convertida en fructífero negocio del que se han apropiado funcionarios del régimen, especialmente militares, con Vladimir Padrino López y los jefes de REDI a la cabeza, aunque ha sido inevitable que la voracidad por sacar provecho económico a los desechos se extienda como el salitre hacia toda la burocracia de la dictadura. Los restos de la industria petrolera y de la siderúrgica han sido el primer plato ofrecido a los mercados internacionales, embarcados y enviados desde los principales puertos del país. Ferrocarriles abandonados, centrales azucareras, silos, empresas constructoras del sector privado, tendidos eléctricos, todas las productoras de material ferroso, buques pesqueros y petroleros, ferrys de pasajeros, partes del Metro de Caracas. El remate de un país deformado en cementerio.
El negocio en crecimiento también vende como chatarra equipos que no deberían ser clasificados como desperdicio. ¿Y a quién le importa? Son muchos los que obtienen su cuota. Además de la FANB, también alcaldes y gobernadores -en particular los que tienen puertos en sus territorios- han estructurado su economía en torno a la chatarra, tanto, que organizan sistemas de cuadrillas para recolectar el material y montarlo en barcos con destino a Turquía, Irán, India, China, Taiwan, Indonesia, y aún más cerca, México o Panamá.
Las regiones han conseguido su propio financiamiento. Por ejemplo, en el tramo entre Aguasay (Monagas) a Campo Mata (Anzoátegui), y en otro tramo, desde El Tejero (Monagas) hasta La Ceiba (Anzoátegui), estaban construyendo unas estaciones de bombeo de gas y crudo. Eso quedó abandonado, sin dolientes. Igual que el puerto del río San Juan en Caripito y el complejo Rucio Viejo en Monagas ¿Qué ocurrió? Los alcaldes de ambas zonas se pusieron de acuerdo para desmantelar y vender. Así, como si prepararan una venta de garaje. Y en medio de la sabana se han incorporado al paisaje toneladas de tubos. Los funcionarios de esos estados ya hicieron contacto con una compañía relacionada con la Fuerza Armada a cargo de un oficial cercano a Padrino López. El militar va a comprar el material a los alcaldes, (ya lo pesaron), el cual será embarcado en gandolas hasta los puertos donde son otras las estaciones de negociación. Por eso en La Guaira, Guanta y Puerto Cabello otros miembros del régimen están a cargo, con la participación constante de miembros de la FANB.
Como era de esperarse, por algunos puertos hay disputas. La chatarra de los estados Trujillo, Lara y Yaracuy, sale por el puerto La Ceiba que viene manejando Padrino López, pero por el que recientemente el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez (aliado de Diosdado Cabello), ha reclamado el control.
En medio de esta realidad que es pública y tiene rato, ahora, de pronto, Maduro ataca a quienes operan con la chatarra. “Le vamos a dar a las mafias en el cogote”, amenazó. ¿Mafias? ¡Tendría que enjuiciar al ministro de la Defensa y toda la jerarquía militar!
Dicen las fuentes de inteligencia que los cubanos advirtieron a Maduro del peligro de empoderar demasiado a los militares con el negocio de la chatarra.
Diosdado Cabello se sumó al mismo teatro: “da arrechera cuando uno ve un silo desmantelado para venderlo como chatarra”. Al respecto es importante referir que uno de los más informados sobre lo que sale y entra en los puertos venezolanos es José David Cabello superintendente del Seniat, hermano de Diosdado. “Él sabe por dónde sale la chatarra y quién la negocia”, ratifica una fuente militar.
Para “ordenar” el comercio Maduro encargó a Delcy Rodríguez. Será una reorganización donde habrá castigados e intocables. En el segundo renglón estará con seguridad el torturador consentido del régimen, el teniente coronel GNB, Alexander Enrique Granko Arteaga, quien con una de sus empresas exporta chatarra desde Puerto Cabello hacia Aruba.
La vicepresidenta tendrá que apoyar su investigación sobre el general de división Carlos Ramón Enrique Carvallo Guevara, segundo de la DGCIM y quien desde abril del año pasado es el encargado de la Corporación Socialista Ezequiel Zamora (Corpoez), organismo creado para proteger el negocio.
Basura, corrupción, destrucción, sinónimos de la cleptocracia venezolana.
