Es posible afirmar que los militares venezolanos presos de la dictadura han sido condenados a muerte. A una muerte lenta y dolorosa, con crueles torturas y en muchas ocasiones bajo el olvido, o en todo caso la indiferencia de un país que responsabiliza a la Fuerza Armada por no haber sacado a Hugo Chávez y después a Nicolás Maduro del poder. Además, los familiares de estos presos también son castigados bajo los rigores de un régimen que no respeta leyes, que los persigue, amenaza, apresa y hasta les usurpa sus propiedades.
La inseguridad de Maduro ante la FANB por no ser militar, por carecer del carisma de su antecesor y por el malestar interno expresado en asaltos a comandos, intentos de alzamiento o atentados, lo han llevado a él -guiado por sus asesores cubanos- a ser implacable con los oficiales descontentos aun cuando en casi todos los casos se trata de procesos judiciales injustificados, irregulares, con penas no previstas en la ley.
A Maduro este accionar le ha funcionado, al menos temporalmente y aún con los riesgos. Maduro prefiere el peligro de una investigación en la Corte Penal Internacional que la opción de perder el poder.
De 277 presos políticos, 154 son militares, según registro actualizado de la ONG Foro Penal.
Para esos militares con o sin condena, no ha habido tregua. El régimen, que apuesta a la certeza de la pasividad o indiferencia de la opinión pública, hace con ellos lo que le da la gana. De poco han valido las gestiones desesperadas de los familiares y las diligencias de las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, incluida la Misión de la Determinación de los Hechos de Venezuela de la ONU.
“Si se murió el general Baduel y no ocurrió nada, pues que se muera ese coronel escuálido como un perro”, sentencia con frecuencia, José Martínez, director de la cárcel 26 de julio en Guárico donde el coronel de la Guardia Nacional José Gámez Bustamante está detenido desde hace diez años sin haber tenido siquiera la primera audiencia de juicio, indica el registro de la periodista Sebastiana Barráez. Durante ese tiempo la salud del militar se ha deteriorado por el maltrato. ¿Qué cuerpo soporta diez años bajo tortura?
La alusión del carcelero al exministro de la Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel muestra la intención del régimen de usar como referente a Baduel -con alto liderazgo en la FANB- para aleccionar a una Fuerza Armada que debe plegarse a los designios de una jerarquía que ha ejecutado deliberadamente la destrucción de la institución y cuyos miembros han terminado operando como socios en diferentes delitos.
Baduel -es preciso recordar- falleció el 12 de octubre de 2021 después de procesos jurídicos irregulares y torturas constantes. Provea, ONG de Derechos Humanos, hizo una reconstrucción de la prolongada agonía del militar quien luego de pagar el primer delito atribuido de presunta corrupción, fue acusado de traición a la patria e instigación a la rebelión militar. Más nunca conoció la libertad. La tortura y encarcelamiento no se limitó a su persona, sino que se extendió hasta cinco miembros de su familia -cuatro hijos y un yerno-. Uno de sus descendientes, Josnars Adolfo Baduel, lo vio morir en sus brazos en los calabozos del Sebin y aún se encuentra en prisión.
El general Baduel había sido operado contra su voluntad de una hernia inguinal. La intervención se llevó a cabo violentando cualquier protocolo. Se hizo en una carpa improvisada en las afueras del hospital militar Doctor Vicente Salias en Fuerte Tiuna. Apenas la herida de 20 centímetros fue suturada y sin suministrarle analgésico, el general fue lanzado en su calabozo donde no había ni agua. Según este informe de Provea, al médico Vicente Dieguez Salinas, quien ahora reside en España, le precedía su experiencia en prisión por robo de materiales del hospital público Domingo Luciani.
Cada caso de los 154 militares detenidos es un capítulo de dolor. Por ejemplo, el teniente coronel de la GN Igbert Marín Chaparro, tercer mejor oficial de la promoción en toda la historia de la Academia Militar, desde el 22 de noviembre está en huelga de hambre en los sótanos de la DGCIM. Su protesta, nuevamente muy poco difundida, se sostiene en la solidaridad con sus compañeros al pedir la eliminación del centro de torturas bautizado como “la casa de los sueños”, así como la libertad de los presos políticos. El oficial Chaparro tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Todos estos maltratos contra militares son ejecutados por torturadores amparados en la certeza de la impunidad, y en la segura obtención de ascensos y fructíferos negocios. Tal es el caso del teniente coronel Alexander Granko quien publicita su prosperidad tanto como sus delitos. El más reciente, que trascendió en audiencia de juicio, de acuerdo a denuncia de la activista Tamara Sujú, fue la tortura y violación al sargento Jonathan Rangel colgado de un palo y violado durante tres días.
