Dijo el gran dramaturgo José Ignacio Cabrujas: “Venezuela no es un país que haya creado sus leyes, quizás porque las leyes que debería crear tendrían que ser reglamentos más que leyes; reglamentos como los que existen en los cuartos de hotel”. Esta reflexión expresada en el Ateneo de Caracas en 1995 -cuando en Venezuela los intelectuales debatían de cara al país-, termina siendo pertinente en medio de la vergonzosa parodia articulada recientemente por una parte de la Asamblea Nacional electa en el 2015, que aprobó la desaparición de la figura de Encargado de la Presidencia de la República, a cargo de Juan Guaidó, trasladando así las competencias ejecutivas y el gobierno, a un colegiado de diputados, en un acto absolutamente inconstitucional.
Este proceso que se cumplió en la AN el viernes 30 de diciembre con 78 votos a favor y 29 en contra, desveló el objetivo de una cuota del mundo opositor (preocupantemente mayoritaria) representada en los partidos Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Acción Democrática, para los que ahora la urgencia no es elecciones libres, justas y transparentes sino el control de los activos del Estado.
El mito popular atribuido al ejercicio de investigación periodística del caso Watergate diría: “sigue la ruta del dinero”.
El Grupo Iniciativa Democrática de España y Las Américas (IDEA) ha compilado textos de especialistas respetados de la Academia, honorables defensores del Estado de Derecho que con rigor analizan la gravedad de las acciones de estos diputados de la AN. La publicación deja al desnudo un acto bochornoso que, en mi opinión, está bajo sospecha.
Lo que aprobó la AN fue efectivamente, parafraseando a Cabrujas, una decisión más acorde con el reglamento de un hotel, y mucho más peligroso en sus consecuencias.
Es además un acto egoísta de una élite que se adhirió a la narrativa del régimen con su “Venezuela se arregló” ejercida en unas 100 hectáreas en las que unos tontos pagan a lavadores de dinero un precio cinco veces superior por lo que consumen.
También es una acción que desestima el sufrimiento de un país. Que olvida a las 13 mujeres y 261 hombres depositados en mazmorras como presos políticos del régimen. Que desprecia a miles de jubilados que mueren de tristeza sin asistencia social. Que desdeña el padecimiento de trabajadores que no ganan ni de lejos lo suficiente para que sus familias puedan comer, tal como lo han recordado los maestros y personal de la docencia que marcharon masivamente el pasado 9 de enero en todas las entidades del país y que aún siguen protestando, a pesar de las presiones del régimen.
Regresando entonces al bochorno de la AN y al análisis de especialistas en la máxima ley venezolana, quiero destacar algunas apreciaciones.
Una sentencia de Asdrúbal Aguiar: “Es el desmantelamiento de la transición a la democracia. Un golpe parlamentario contra la Constitución que vulnera el sistema republicano y democrático”.
Allan Brewer Carías: “Además de ser inconstitucional es un disparate porque no puede ser eliminado por la Asamblea Nacional lo que no ha sido creado por la misma”.
José Ignacio Hernández: “La tercera vía que ha creado la Asamblea Nacional es totalmente inconstitucional y genera el riesgo de que Maduro, más allá de su ilegitimidad, pueda reclamar judicialmente la representación legal de Venezuela (como ha intentado hacer desde el 2019)”.
Desoyendo a los especialistas ¿qué hizo la AN? Aprobó una confusa e ilegal instancia política dependiente de esa legislatura, una “junta administrativa” que se encargará de los gastos y defensa de los activos.
Los argumentos de los parlamentarios para tamaña violación a la máxima ley fueron de todo tenor, sin detenerse en ofensas contra los constitucionalistas, como las hechas públicas por José Miguel Matheus de Primero Justicia.
Improperios aparte, se debe destacar esta frase tristemente célebre, de la voz de Matheus: “El problema no es Maduro”.
Las solicitudes de los expertos fueron desatendidas. El profesor Román José Duque Corredor fue uno de los más agredidos por haber puntualizado sobre esto: “ese mandato del gobierno provisional debe culminar con la juramentación del nuevo presidente electo en las elecciones libres y competitivas convocadas y organizadas por el Poder Electoral bajo todas las garantías, para dar lugar a la culminación del período presidencial 2019-2025”.
Ya no será así. El diputado por Voluntad Popular, Freddy Guevara opuesto a este desmadre, resumió el bochorno: “¿Cómo es que nosotros pensamos que podemos traer a esta Asamblea Nacional un instrumento jurídico sin haber consultado ni validado que servirá para cumplir los objetivos? (…) Discúlpenme el tono, pero esto nos tiene que dar a todos vergüenza… no puedo entender cómo estamos cometiendo este suicidio. Probablemente el primer suicidio político y claudicación formal transmitido en vivo por las redes sociales y por Internet”.
