La reactivación del tránsito aéreo y marítimo de Venezuela con Curazao y Bonaire a partir del 3 de abril, así como el marítimo con Aruba desde el 1º de mayo, han encendido lógicamente las alarmas en los organismos internacionales de investigación de narcotráfico, advertidos de que los carteles que utilizan las rutas sobre territorio venezolano son los que más presionaron para normalizar el tráfico suspendido desde hace cuatro años.
Debo precisar, sin embargo, que la vía marítima entre Venezuela y Curazao nunca ha dejado de operar para el narcotráfico; en tanto la aérea, bajo próxima reactivación formal, se prepara para intensificar sus operaciones, que irán más allá del tentador intercambio comercial y turístico. Las aerolíneas han mostrado especial interés.
No debemos engañarnos. La apertura con las islas es deseable por todos, con dolorosa preocupación para que cese de una vez el trato inhumano a los migrantes venezolanos en Curazao, pero el asunto que mueve esta decisión viene desde lo ilícito.
En tanto Venezuela, la élite de la Fuerza Armada ha activado un plan. Es así como en el Comando de Defensa Aeroespacial de la institución castrense se han movido las piezas necesarias para garantizar el control de aquellos funcionarios de confianza con posibilidad de advertir a los pilotos de las aeronaves que transportan droga, si están visibles en el radar. También la Superintendencia Nacional Antidrogas, considerada brazo jurídico de los carteles y actualmente dirigida por el general Richard López Vargas, tiene un relevante valor operativo.
Lo seguro es que altos oficiales de variada jerarquía se verán involucrados en operaciones que han de permitir -y lo vienen haciendo- el paso de sustancias ilícitas sobre nuestro territorio para continuar su distribución desde distintas rutas hacia otros continentes. Al respecto, las fuentes me alertan sobre la reciente designación del general José Gregorio Lara como jefe de la Unidad Choque de medios terrestres de la REDI Occidental del Comando Estratégico Operacional. Ese título tan rimbombante va acompañado de una grave advertencia: su posible actuación como enlace entre los carteles y el régimen de Maduro.
¿Quién es el general José Gregorio Lara? Sus compañeros lo describen como un hombre instruido. Discreto en las redes sociales, ha sido etiquetado como ficha cercana a Diosdado Cabello. Estuvo igualmente trabajando cerca del exgobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, también sancionado por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Panamá.
El general José Lara, ahora instalado en el estado Falcón, antes había estado en esa zona con el rango de teniente coronel, comandando el Destacamento. Un oficial superior comenzó a investigarlo y estuvo a punto de despedirlo. Se trata del general Jorge Enrique González Arreaza a quien acribillaron junto a su esposa con 29 disparos en abril de 2016 dentro de su camioneta en la localidad de Merecure, estado Miranda. Se dijo que había sido la banda de El Gabrielito quien luego también fue asesinado. Sin embargo, antes de morir en manos de “la justicia”, Gabrielito confesó haber disparado contra el general Arreaza por encargo. A nadie se le ocurrió decir que un cartel de la droga estaba involucrado.
Quienes protegían al general José Lara lo mandaron un tiempo a China. Ya de vuelta pasó por el estado Bolívar. Como actual jefe de esa exótica Unidad Choque estratégicamente enclavada en el estado Falcón, no cuenta con el afecto de los lugareños, en su mayoría productores agropecuarios que en medio de la crisis se las arreglan sacando verduras y frutas de contrabando para las islas Aruba y Curazao. Denuncian esos pobladores que el general Lara los obliga a pagarle la mitad de lo que ganan.
Otro incidente viene a enriquecer el anecdotario del general José Lara. Se trata del caso del submarino de fibra de vidrio con 2.100 kilos de pasta de coca que habría decomisado la Armada y que no fue reportado. Se hace relevante recordar que el estado Falcón por ser zona costera, siempre había estado bajo la autoridad del componente de la Armada, pero ya no. Por voluntad del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, el control lo tiene la Guardia Nacional.
En realidad, las designaciones más importantes de la FANB están dirigidas a conseguir la mejor coordinación y funcionamiento exigidos por los carteles del narcotráfico.
