El heredero Nicolás Maduro Guerra ha ido tomando el control y un sector privilegiado de su entorno va conformando la nueva élite que gusta nadar en las mieles del abundante dinero ilegal obtenido bajo la impunidad que garantiza Miraflores.
No es sobre Nicolasito que voy a escribir hoy, o sí, pero solo un poco para referirme de coletazo a los falsos reportajes financiados por el régimen que circulan en YouTube como parte de la millonaria y agresiva política para controlar el relato que para esta ocasión se sostiene sobre la inteligencia artificial con perfiles elaborados que simulan ser periodistas y cuyo contenido intenta ser revestido de credibilidad –habrá que ver si lo logran- con mensajes manipulados a favor de la dictadura. En esa área, Nicolasito ha mostrado especial interés.
En paralelo, el régimen mostró su otra cara, tal vez su favorita, la de la implacable política de comunicación bajo la censura. En esta ocasión han sido más descarados: Seis funcionarios policiales fueron detenidos por haber compartido a través de las redes sociales el contenido del monitor de seguridad de uno de los dos tiroteos ocurridos en Maracaibo el pasado 18 de febrero. La decisión que priva a los oficiales de su libertad se sustenta en la supuesta violación a los delitos informáticos. Está claro que están presos por difundir la verdad, por hacer pública la acción de un grupo de delincuentes que tirotearon a ciudadanos indefensos. El mensaje es directo hacia el trabajador público: ningún crimen cometido puede ser difundido. Los delincuentes no se pisan la manguera.
Los hechos en el Zulia no están aislados de la creciente violencia que nuevamente se ha ido apoderando del país. Grupos criminales organizados poseedores de armas sofisticadas adquiridas muy posiblemente a través de funcionarios del Estado operan impunemente con la complicidad oficial.
Los citados sucesos de Maracaibo son parte de la acción de bandas locales que han sometido a la sociedad productiva sin discriminar su acción sobre sector alguno. Así, la extorsión es ejecutada sobre centros de salud, comercios de toda dimensión, pescadores y hasta locales del Estado. De hecho, hasta un explosivo ha sido lanzado en el Palacio de Justicia. Las acciones violentas del pasado sábado fueron respuesta a quienes se resisten a la extorsión de tener que pagar vacuna. Y el asunto no es una novedad, ni es exclusivo del estado Zulia. El saldo sobre esos dos tiroteos fue de un muerto y cuatro heridos. La estadística del fallecido se suma dolorosamente este año a la de tres pescadores asesinados en enero y la del chofer de un autobús el 11 del mismo mes.
Los ataques han sido continuos desde el 2021, según seguimiento del Observatorio Venezolano de la Violencia. Se trata de un territorio complejo en el que hay que considerar la innegable presencia de grupos irregulares colombianos. Sobre eso vale destacar la reciente y sólida investigación de la fundación Insight Crime que documentó los 10 principales grupos criminales que operan en el país ratificando que Venezuela es un Estado mafioso. El trabajo destaca al ELN con la mayor estructura delictiva en el país, con presencia permanente en 40 municipios en 8 estados, con acceso a personal adiestrado en el manejo de armamento militar pesado, con capacidad para montar ataques sofisticados y con control de economías criminales y muy lucrativas como contrabando, narcotráfico y minería ilegal, manejando dinero que se lava en Venezuela y con una ventaja fundamental: “sus nexos con el Estado venezolano a través de gobiernos locales, con vínculos económicos y militares y fuerzas de seguridad”, precisa la investigación. Es decir: hay evidencias de las conexiones políticas del ELN con la alta jerarquía del régimen.
Es imposible la paz en un país sometido al yugo de la delincuencia porque quienes gobiernan son grupos criminales con intereses opuestos al confort de los ciudadanos. La dictadura apuesta a mantener esa indefensión en un pueblo que le estorba, del que le fastidia su angustia para lograr el ingreso suficiente para comer y que de tanto maltrato ha olvidado el sentido de la palabra bienestar.
Ese espacio hostil, el régimen lo convierte en hogar para sus socios del crimen organizado, y en infierno para quien ansía recuperar la libertad. Para mantenerlo así, deforma los hechos, ocultando la tragedia y manipulando la información a través de un falso relato, envenenado además contra el liderazgo opositor que cada vez está más torpe y huérfano. Sin embargo, ni siquiera la dilapidada riqueza venezolana convertida en la fachada de criminales puede torcer la realidad. Esa verdad imposible de maquillar que sufren los maestros, los jubilados, el personal de salud, todo trabajador decente o estudiante que ansía soñar. La realidad que padecen quienes aspiran a vivir en democracia, bajo la honestidad y en paz, en el camino contrario al desmadre de unos hampones, para más señas torturadores, millonarios eso sí, pero cobardes, atrapados en el miedo de saber que la justicia llegará.
