La fiesta por un nuevo matrimonio del jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y comandante de la Guardia de Honor Presidencial, Iván Hernández Dala, se extendió como una especie de fiestas patronales. El júbilo de tan prolongada celebración tuvo que ver con los ascensos militares en el que él y otros oficiales, fueron premiados a pesar de haber sido acusados y estar siendo investigados como torturadores por la Corte Penal Internacional.
No deja de sorprender cómo las fiestas escandalosas de impúdica demostración de riqueza han estallado gracias a los involucrados, casi siempre mujeres, bautizadas como “muñecas”, prototipo de cuerpos femeninos operados. Ellas, devenidas en amantes, son receptoras de ropa, de bienes, de lujos desmedidos, y en ocasiones logran convertirse en esposas y -lo más importante- en depositarias de fondos que son producto del delito. Las muñecas saben que los corruptos necesitan de ellas, desconocidas y limpias, con una posición conveniente por estar fuera del radar de la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Suelen ser esas muñecas quienes, burlando prohibiciones de sus hombres corruptos, no evitan caer en la tentación de exponer ante el mundo su privilegiada realidad, con su anatomía intervenida desde exóticos paisajes, con carros de lujo, joyas preciosas, ropa de marca y bacanales con abundantes sustancias prohibidas y posado sexo. Todo lo vomitan en las redes sociales. A veces nadie se percata, pero muchas otras, se convierten en un escándalo viral.
Eso sucedió en la boda de Hernández Dala con Paola Dávila, propietaria de la tienda de ropa Atenea Simwear ubicada en Las Mercedes, negocio en rápido ascenso financiero investigado por calzar con el modus operandi de los corruptos para lavar dinero.
El registro de las muñecas ha sido expuesto sin pudor aun tratándose de delitos. Así, el asalto de una casa en Caraballeda estado Vargas, propiedad de la familia González Capriles, fue difundido en Instagram después del 4 de agosto de 2020 día en el que efectivos de la DGCIM bajo el mando del torturador Alexander Enrique Granko Arteaga desalojaron a una familia con tres niños que allí vivían, para convertirla en centro de diversión y posiblemente de operaciones ilícitas.
Granko actuó bajo el designio de su jefe Iván Hernández Dala, y Paola, para entonces su novia, no se detuvo en lucir el disfrute del trofeo. En su cuenta de Instagram, Paola desde la casa asaltada mostró su cuerpo en traje de baño, la prolongada celebración con champaña, así como la alegría de abrazar entre globos y cajas de regalos un gigantesco oso de peluche.
Previamente, Luzbel Carolina Colmenares Morales, anterior esposa de Hernández Dala, tuvo que asumir las consecuencias de estar con un hombre sancionado. Ella y sus descendientes a quienes la pareja había colocado fideicomiso en Estados Unidos también fueron castigados. Se trasladaron a Europa.
Luzbel Carolina había conocido a Hernández Dala trabajando en Miraflores cuando cumplía funciones como enfermera de Hugo Chávez y con quien mantuvo una relación muy cercana. Se turnaba en su trabajo con otra enfermera, ahora tristemente famosa, Claudia Díaz Guillén, condenada en abril pasado a 15 años de prisión acusada por corrupción en Estados Unidos.
La jerarquía militar, así como la estructura montada por civiles para la corrupción, operan bajo el conocimiento y las necesidades de la cúpula de Miraflores. Por eso los torturadores son premiados por Nicolás Maduro quien parece disfrutar en retar a la CPI brindándole impunidad a quienes en cumplimiento de sus órdenes han cometido crímenes de lesa humanidad.
Además de ratificar en sus cargos a Hernández Dala y al director del Sebin y del Consejo de Seguridad e Inteligencia, Gustavo González López, Maduro premió el mes pasado a varios señalados en el expediente del caso Venezuela en la Corte Penal Internacional. Así, el general de división Rafael Ramón Blanco Marrero quien fue subdirector de la DGCIM, está ahora en la posición de Inspector del Ejército. También ascendió al general Rafael Blanco Quintero quien pasó a ser general de división, mientras Ediam Gabriel Lagonell Hernández, represor de las protestas del 2017, y Pedro Luis Pérez Silen, señalado por la detención y posterior asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fueron ascendidos a generales.
Pero hay un movimiento que no tiene competencia en tanto su cinismo. Se trata de la postulación del mayor general de la Guardia Nacional, Fabio Enrique Zavarse Pabón, como rector del Consejo Nacional Electoral. Este militar además de estar involucrado en tortura y represión en los sangrientos sucesos del 2019, está mencionado por el narcotraficante Walid Makled como socio de un cartel con que operaba la pareja presidencial.
Toda una alegoría sobre la consideración que tiene Maduro por el organismo electoral.
