“Aquí manda La Piedrita y el gobierno obedece”, reza la pancarta que recibe a la comitiva oficial. Las camionetas blindadas de lujo quedaron estacionadas unas cuadras antes del barrio donde el comité de recepción constituido por un único anfitrión, esperaba con tranquilidad que los visitantes se acercaran a saludarlo. El grupo, no muy numeroso y abultado con escoltas, se aproximó con una mezcla de simpatía elaborada y reverencia. Un ministro, una alcaldesa y un militar de alto rango –general de división– se chancearon con Valentín Santana, jefe del colectivo La Piedrita en la parroquia 23 de Enero de Caracas. Los personajes que rodean a Santana están vestidos de negro, ocultan sus rostros con capuchas y portan fusiles AR15.
Santana guarda sus ojos bajo unos lentes oscuros. Casi siempre luce una UZI, pero esta vez no la incorporó a su vestimenta. La comisión del gobierno estaba allí para presenciar ejercicios de defensa en el sector, ante una hipotética invasión extranjera. Era una de las tantas veces que Maduro temía lo peor. Esta ocasión fue el 2 de marzo de este año y el espectáculo, como toda actividad de antisociales, cerró con disparos al aire desde las azoteas de humildes casas.
En el mismo estilo, el pasado 31 de agosto Valentín Santana se instaló con hombres armados frente al Palacio Legislativo y amenazó a los comerciantes con saquearlos si no abrían sus puertas, cerradas por sus propietarios en medio del desconcierto, el desbarajuste y la incertidumbre de un nuevo paquete de medidas económicas anunciadas por Maduro. Santana se apostó en el lugar, 14 meses después de que una sesión solemne de la Asamblea Nacional fue interrumpida por colectivos que golpearon con objetos contundentes a varios diputados.
Valentín Santana y su grupo armado representan el sistema político del régimen: Terrorismo de Estado. Una banda que siembra miedo en la población civil bajo la protección de organismos judiciales y que ha penetrado la estructura de grupos policiales y militares como el SEBIN, el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) o las Fuerzas Armadas Especiales (FAES).
Para La Piedrita y otros colectivos, sus actividades tienen resultados lucrativos. Controlan desde la distribución de alimentos con las bolsas CLAP, hasta el mercado de las drogas y la industria del secuestro. Por defender el territorio político reciben la mayor propina. Santana tiene amigos especiales. Connotados miembros de las FARC son visitantes habituales y según fuentes policiales, el narcotraficante Walid Makled ha sido bienvenido.
Santana tiene el pedigrí que le agrada al chavismo. Fundador del colectivo La Piedrita en 1985 para actividades sociales, mutó en un hombre vengativo y despiadado que tiene en su haber tres órdenes de captura por homicidio, intento de homicidio y otros delitos, record suficiente para aspirar a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, cargo que no alcanzó porque ya estaba reservado para Cilia Flores. Disparó muy alto.
Con Nicolás Maduro las actividades de Santana con La Piedrita y la de otros colectivos, se han fortalecido. En las intensas protestas de 2014 y 2017, los grupos armados dispararon, robaron y violaron con impunidad. El 15 de enero de este año el colectivo Tres Raíces actuó en el operativo que masacró en El Junquito a Oscar Pérez y seis de sus compañeros. A los miembros de estos grupos, los tribunales no los procesan.
El jefe de La Piedrita se ha burlado y ha amenazado al director del CICPC, Douglas Rico, a través de las redes. Ya antes, otros altos funcionarios han sido destituidos. El general Miguel Rodríguez Torres –ahora preso político– fue botado por Maduro del Ministerio del Interior y Justicia en octubre de 2014 por atreverse a enfrentarlos. El pusilánime ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, tampoco ha podido con ellos. En voz muy baja comenta que algunos colectivos han malinterpretado el mensaje de la revolución.
Sólo Chávez en el 2009, en un arranque de furia, acusó de terrorista a Valentín Santana después de que el jefe de La Piedrita se atribuyera atentados contra la Nunciatura, periodistas y medios de comunicación y amenazara con “pasar por las armas” a opositores. La molestia de Chávez –impulsada solo porque Santana había declarado sin permiso– duró poco. Nadie lo apresó. El Ministro del Interior del momento, Tareck El Aissami, dijo que no lo encontraban por ninguna parte. Y Santana ni siquiera cambió de rutina. Incluso amplió su espectro hacia las redes sociales donde llegó a mostrar videos con niños manipulando rifles de asalto.
Cualquier estrategia política debe considerar lo que estos grupos armados son capaces de hacer.
