El pasado 24 de septiembre una avioneta Cessna matrícula YV0134 sufrió un accidente en la zona minera San Paúl, municipio Angostura. Según registro, la aeronave pertenece a la gobernación del estado Bolívar. Fallas mecánicas fue el reporte de las razones del siniestro del cual los seis pasajeros y el piloto resultaron con heridas leves. Habían despegado del aeropuerto La Paragua. El gobernador Justo Noguera Pietri, se apresuró a informar en un tuit que la avioneta oficial se trasladaba a esa zona minera para una jornada de asistencia.
El accidente confirmó una sospecha razonable. Según fuentes del sector, esa aeronave ha sido utilizada con frecuencia para el traslado de oro que es comercializado ilegalmente, así como para la distribución de armas y otros suministros exigidos por las mafias que explotan las minas. Estamos hablando de la guerrilla, los colectivos, los pranes y todo bicho de uña con quien la dictadura se ha asociado.
El axioma es inevitable: El gobierno regional está al servicio de las mafias. Y lo que es peor. Esta acción criminal se reproduce en toda Venezuela. Así, sin cortapisas.
En un país en democracia el asunto sería un escándalo. En Venezuela no sucede nada. La noticia ni siquiera es reseñada en medios porque no hay. Su destino es un par de tuits rebotados bajo la tenacidad de quienes no se resignan al silencio y la manipulación informativa.
Los adeptos al régimen delinquen constantemente en cualquier área en distintas regiones sobre diferentes aspectos.
Además, los derechos humanos son violados sin piedad. Cada semana un registro del Foro Penal da cuenta de la cantidad de presos políticos confinados injustamente en las mazmorras del país. Ciudadanos torturados, llevados hasta la enfermedad, sin derecho a la defensa, incluso con órdenes judiciales de ser liberados. Rehenes de las cabezas de la dictadura que dictan sus sentencias personales extensivas a familiares inocentes. Se burlan hasta de la alta comisionada de los DDHH, Michelle Bachelet, a quien descalifican llamándola títere de Donald Trump.
Una de las señales constantes de la dictadura durante estos 20 años es que sus miembros no se detienen. Embisten y avanzan. Sus crímenes son cada vez peores, más sanguinarios, más ostensibles, estruendosos y masivos.
La defensa de la institucionalidad se tropieza constantemente con la impunidad del poder. El régimen destruye y además desaparece los pedazos. Hace casi imposible construir el rompecabezas del Estado de Derecho porque la legalidad original ha sido desdibujada. Abrazamos desesperados la Constitución y nuestro eco es incomprendido incluso por quienes ruegan la salida de Maduro y sus secuaces. A ellos no les importa mostrar lo malandros que son, ausentes de palabra y con la farsa inoculada.
Pero su desparpajo elaborado no impide que el país y la comunidad internacional los tenga inventariados. El camino lento pero seguro para Maduro y el resto de su banda, será la Corte Penal Internacional (aunque ya estén caídos). Recién, el presidente de Colombia, Iván Duque, insistió ante la fiscal de esta Corte la solicitud para que inicie juicio contra Nicolás Maduro por violaciones a los DDHH. Lo comparó con Milosevic. Esta petición reitera la denuncia interpuesta por ocho jefes de Estado de la región.
La reciente Asamblea General de la ONU concentró pruebas y testimonios de mandatarios sobre la realidad que ya devasta a Latinoamérica. La alarma es a nivel mundial.
Sabido es que para Colombia la crisis con Venezuela se está haciendo insostenible. Las evidencias sobre la relación del régimen con los grupos narcoterroristas del ELN y la disidencia de las FARC convierten a nuestro país en una bomba de tiempo. Eso sin detallar la crisis migratoria.
En paralelo, respetadas organizaciones de DDHH como Human Rights Watch en voz de José Miguel Vivanco, consideran alarmante que desde 2016 han muerto casi 18.000 personas en supuestos incidentes de resistencia a la autoridad. Y seguimos contando. El grito colectivo confirma que se trata de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la FAES y otras fuerzas de seguridad bajo la protección de autoridades militares y civiles. La mayoría de las víctimas son jóvenes de bajos recursos.
Las advertencias sobre estos delitos se vienen haciendo desde hace años, incluso cuando Luisa Ortega Díaz ejercía como fiscal general en el país. Ahora Bachelet lo ratifica en su informe cuya continuación se expresa en un memorándum de entendimiento que obliga a permitir que delegados de la Comisión Internacional de los DDHH viajen a Venezuela para determinar quiénes son los responsables de tales asesinatos.
Todo tiene un límite y la dictadura se ha pasado de la raya. Y en Latinoamérica alcanza el nivel de hartazgo.
