Este 23 de enero se cumplieron 62 años del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Un hecho interpreto como conmemoración de ese día: la libertad de uno de los cinco presos políticos que por más tiempo han estado encarcelados en Venezuela. Todavía por el mismo caso injusto, quedan otros cuatro exfuncionarios encerrados en mazmorras venezolanas.
Marco Javier Hurtado, comisario de la antigua Policía Metropolitana, fue condenado a 16 años y 8 meses de prisión. La sentencia fue emitida por el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Aragua que se ocupó también de condenar a los comisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero y a los efectivos Julio Rodríguez, Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín a 30 años de prisión. En la cárcel continúan los últimos tres, así como el cabo primero Arube Pérez condenado a 17 años y 10 meses de prisión. Desde hace mucho, Pérez y Hurtado, deberían haber sido beneficiados por las medidas alternativas de cumplimiento del Código Orgánico Procesal Penal, que establecen que ambos tendrían que haber estado en su casa desde el año 2007.
Pero ningún beneficio se puede esperar en un país donde no hay justicia. La orden de liberación de Hurtado llegó con cinco semanas de atraso al cumplimiento total de la pena. La juez Ada Marina Armas se negaba a acatar la ley. Por fortuna, la presión de familiares logró apoyo en redes sociales para que Hurtado recobrara su libertad.
La arbitrariedad de jueces, la indefensión de los ciudadanos, los tribunales utilizados como oficinas de extorsionadores y como despachos de chantajistas de la política, es la rutina de los espacios donde alguna vez se impartió justicia. Pero ¿qué se puede esperar en un país donde quien preside el Tribunal Supremo de Justicia ha sido señalado por dos asesinatos? En cambio, personas inocentes sobre las que en sus procesos ni siquiera han mostrado una sola prueba y ni un solo testimonio, terminan condenados a la ausencia de libertad y a sufrir los rigores de las espantosas prisiones venezolanas.
No son presos, son rehenes.
Sobre terribles injusticias hay rostros que nunca se deben olvidar. El de la juez Marjorie Calderón es uno de ellos.
Marjorie Calderón es la juez responsable de la decisión que destruyó las vidas de estos efectivos de la Policía Metropolitana y la ejecutora de la venganza de Hugo Chávez Frías por los hechos del 11 de abril de 2002, día en que centenares de miles de venezolanos tomaron Caracas exigiendo la renuncia del militar y cuando bandas armadas atacaron la manifestación pacífica. La sentencia que ella firmó contra los policías antes mencionados, le urgía a Chávez para sostener su versión de que la protesta había sido violenta y armada. Condenar a los efectivos policiales buscaba desesperadamente, desmontar los videos irrefutables protagonizados por pistoleros del oficialismo disparando desde la esquina de Puente Llaguno contra quienes estaban en el centro de Caracas.
Las pruebas no le importaron a Marjorie Calderón. En el caso de Marco Hurtado, la juez ignoró que el comisario no estaba en la avenida Baralt (lugar de los disparos) porque tenía la instrucción de resguardar la comisaría Urdaneta en El Calvario ya que motorizados oficialistas habían amenazado con tomarla con violencia. Era imposible que desde el lugar donde se encontraba Hurtado –junto a otros 30 funcionarios– hubiese podido asesinar a Erasmo Sánchez y Rudy Urbano dos de las muertes que le atribuyeron como cómplice. Pero además, el comisario tenía asignados fusiles como armas ese día. Se comprobó que no fueron accionados y que era imposible que los disparos de esas armas hubiesen podido impactar a esas personas.
Cuentan que a Hurtado nunca lo doblegaron. “Sólo creeré que estoy libre cuando ya no esté aquí”, solía decir en prisión. Con dignidad hacía vida dentro de la cárcel de Ramo Verde, donde permaneció los últimos 12 años; antes estuvo en la zona 2 de la PM y al principio, en Cotiza. Hombre colaborador, estaba encargado de la carpintería y criaba pollitos. A los presos que llegaban les preguntaba: ¿vivirás en paz o con el malandraje? Si querían paz, él los ayudaba, a los malandros los corría del área. Cada diciembre enseñaba música a los internos. Cuando salió del penal pasó celda por celda para despedirse. “Pórtense bien”, dijo con lágrimas en los ojos.
Todavía quedan 388 presos políticos en cárceles venezolanas. Los ejecutores de las sentencias amañadas son unos funcionarios que cumplen instrucciones de cubanos y de mafias que cuidan los negocios de Maduro y de los jefes de las bandas locales y extranjeras, a quienes el régimen les ha ido entregando nuestro territorio.
