Para muchos venezolanos no fue una sorpresa que la madrugada del 20 de enero Delcy Rodríguez irrumpiera en territorio español contraviniendo la disposición de la Unión Europea que la ha sancionado como violadora de los derechos humanos, entre otros delitos. Ese es su estilo. A fin de cuentas, quien se desempeña como vicepresidenta y que antes encabezó la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, se comporta como si Venezuela fuese su propiedad, con exclusividad para manejar sus recursos, que le permiten violar la ley y comprar voluntades.
El plan fue ideado y presentado ante Nicolás Maduro por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, y Delcy, su hermana. Cosa extraña, Cilia Flores no fue informada. La circunstancia apremiaba ante la exitosa gira del presidente encargado, Juan Guaidó, que desde Bogotá había anunciado que continuaría por Europa. El viernes 17 se afinaron vía telefónica los detalles con sus aliados de Podemos. Después, el vicepresidente Pablo Iglesias anunció a Delcy con entusiasmo que el presidente Pedro Sánchez había aceptado una reunión con ella. Informó también sobre la decisión del gobierno de no recibir a Guaidó, si pisaba España. Celebraron las buenas noticias. Aún se desconoce si esa versión se la inventó Iglesias para quitarse de encima la presión de Rodríguez, pero a Maduro no le ha gustado lo que ha pasado.
Lo cierto es que Delcy alquiló un avión a la empresa Sky Valet y el domingo arrancó con su séquito de cinco personas para el aeropuerto Barajas. Uno de sus acompañantes fue el ministro de Turismo, Félix Plasencia, quien sostenía al grupo con la coartada de asistir a Fitur. Su ventaja era no tener sanciones… todavía.
Lo que sucedió mientras la vicepresidenta estaba volando, trascendió posteriormente. La ministra del Exterior, Arancha González Laya, al enterarse por protocolo sobre los planes de Delcy, dejó claro a Iglesias la inconveniencia de que esa señora entrara en España. Pero cuando Iglesias intentó abortar la operación ya era tarde, así que le tocó al ministro de Transporte, José Luis Ábalos, encargarse de la intemperante visita. Fue un momento muy desagradable para el ministro. Quienes conocen a Delcy suelen referir su manera explosiva de reaccionar cuando alguien tuerce su voluntad. Grita, patalea, es grosera, no tiene control. Delcy estaba convencida de que obtendría la foto con Pedro Sánchez en el mismísimo palacio presidencial, mientras Juan Guaidó tendría que conformarse con el recibimiento de la canciller. Pero había más. Rodríguez llevaba en agenda activar la propuesta de un nuevo grupo de diálogo que desde Europa encabezaría España y sería presidido por el acumulador de millas hacia Venezuela, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. El objetivo ulterior era conseguir suavizar la aplicación de sanciones que han generado muy incómodas consecuencias para la élite chavista. Maduro y sus aliados procuran también legitimar las proyectadas elecciones parlamentarias. Ponerle mano a la Asamblea Nacional es urgente para las finanzas de la dictadura que anda ofreciendo la entrega de las empresas petroleras y demás negocios que le permitan a la élite corrupta seguir viviendo a cuerpo de rey.
Que Delcy en nombre de Maduro sintiera que podía mandar en España, debe ser rudo de procesar para ese país. Ella pensó que podía violentar la ley con la misma impunidad que lo hace en Venezuela -de hecho, lo hizo-, pero cometer un delito e involucrar a funcionarios de otro gobierno debería tener consecuencias. Se incumplió con el mecanismo sancionador de la Unión Europea y ahora el ministro de Transporte, José Luis Ábalos, tendrá que responder ante la justicia. El Partido Popular y Vox lo han denunciado ante Fiscalía por posible prevaricación omisiva de desobediencia al permitir que Delcy Rodríguez se mantuviera en suelo español. La falta podría ser aún peor, si se comprueba su intercesión para impedir que el Cuerpo Nacional de Policía cumpliera con el deber de deportar o detener a la funcionaria venezolana.
El estilo de presión sobre el gobierno de España ocurre de manera cotidiana en territorio nuestro. Es evidente la molestia del régimen porque en la residencia del embajador de ese país vive en condición de huésped el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. El acoso de la dictadura se ha manifestado con una presencia policial exagerada en el lugar -entre 8 y 10 patrullas del Sebin- y en hostilidad que mantiene a la residencia sin electricidad y otros servicios. Lo que sí funcionan son los equipos de espionaje y los inhibidores de señal activados para tratar de incomunicar a López.
No hay que ser muy avezado para proyectar que Maduro espera franco apoyo del nuevo gobierno español. La alianza con Podemos a la que se une Zapatero como admirador del régimen, podría tratar de imponer acciones peligrosas para la democracia. Ya vimos un avance. Es un deber estar alerta.
