La ley de Ciudades Comunales es una nueva coartada que utiliza el régimen para continuar violentando la Constitución. Es el disfraz legal para pisotear la soberanía, anular la gestión de funcionarios electos por voto popular, decretar el estado policial en la continua y abierta violación a los derechos humanos y legitimar la desviación de fondos públicos hacia mecanismos que el régimen utiliza para mantenerse en el poder, entre ellos el Psuv.
La ley, aprobada en primera discusión el pasado 11 de marzo, ha sido recientemente protestada por 123 ONG´s y por decenas de voces sensatas a quienes ha alarmado la pretendida nueva división político-territorial, no contemplada en la Constitución, así como la declaración de “poder popular” y “Estado socialista”, ambos absolutamente fuera de la máxima ley.
La aprobación de esta ley se produce en medio de una campaña electoral para autoridades regionales que ya asoma un escenario cómodo para el oficialismo y una fractura en la oposición. El hecho es además coherente con el cinismo antidemocrático que suele desplegar Nicolás Maduro porque la Ley de Ciudades Comunales anula responsabilidades de las autoridades regionales que serían electas el próximo 21 de noviembre. Maduro, además, ha anunciado que acabará con la figura de protectores estatales, investidas de autoridad y recursos para el saboteo del ejercicio de los gobernadores de oposición que resultaron triunfadores en comicios pasados. De esta manera, Maduro ratifica que viene violando la Constitución, acción que suspende porque con la ley de Ciudades Comunales ya no necesita hacerlo.
En efecto, “la ley de Ciudades Comunales permite que sean sustituidas las diferentes instancias de gestión, regional, local, y municipal mediante la transferencia de recursos y competencias a autoridades no electas por el voto universal, directo y secreto”, precisa el documento de las ONG´s.
La lectura de los expertos advierte sobre el término “poder popular” que “agrava la delegación absoluta de capacidad de gestión y decisión de la cúpula del poder estatal, la opacidad de la gestión pública y las anomalías en la gestión de recursos”. Y he aquí un elemento fundamental. La creación de estructuras paralelas a los municipios con base en los consejos comunales garantiza la corrupción. “Bajo esa ley, Maduro pretende normar el funcionamiento e interrelación entre las jurisdicciones, gestión de servicios públicos y transferencia de recursos por parte del Ejecutivo”, advierten especialistas. Esto, por supuesto, crea burocracia y pervierte la relación con las bases del partido.
Su inspiración, según el mismo Maduro, está bajo el paraguas de la ideología socialista, con el poder popular cercano en su concepción a la propuesta cubana.
La ley de Ciudades Comunales ha generado reflexiones incluso en quienes compartieron las filas del chavismo en épocas recientes, como Margarita López Maya, historiadora y doctora en Ciencias Sociales: “Relega al Estado de Derecho a un lugar secundario respecto al carisma y el dinero, ahora en el corazón de la conflictividad política consecuencia de esta propuesta que contribuye a explicar la deriva autoritaria que se aceleró en 2007”.
Porque fue en 2007 el primer intento de Hugo Chávez de reformar la Constitución mediante un referéndum en el que resultó derrotado. Eso no lo arredró. En su plan de “Estado socialista” continuó con el proyecto y en diciembre de 2010, al final del período constitucional de la Asamblea Nacional, el chavismo aprobó la Ley de Comunas, creando el marco normativo de un nuevo Estado, paralelo al Estado Constitucional. Ahora, la Ley de Ciudades Comunales es estratégica para el régimen: “comuna o nada; o hay comuna o no hay patria; o hay comuna o no habrá socialismo; o hay comuna o no hay bienestar y felicidad del pueblo”, ratificó Maduro.
Ni qué decir que esta ley significa pasar llave a la cerradura que bloquea la libertad. Es el epitafio de la propiedad privada. Y algo más: la ley también delega funciones de seguridad ciudadana y defensa de la soberanía a las ciudades comunales. Su presentación es la institucionalización del Estado policial, el permiso a la violación de los derechos humanos.
Pareciera un asunto de lógica elemental, pero ¿para qué Maduro llama a elecciones si está blindando su potestad del poder regional con esta ley? ¿Mantiene como un tablero más a los gobiernos regionales? ¿O son las elecciones una maniobra de distracción que adicionalmente divide a la oposición?
¿Qué está haciendo la dirigencia opositora al respecto? ¿Está clara en que esta ley burla el proceso electoral? ¿Ha entendido que el único sentido de acudir a elecciones es para hacer política, para agitar a las masas? ¿O acaso ya se entregaron hasta tal vez el 2024?
