“Soy otro de los tantos prisioneros internados en una penitenciaría o en un calabozo que sufre enfermedad terminal y que muy probablemente está cerca de la muerte sin acceso a tratamiento. No me quiero morir”.
Lo escribió hace pocos días el médico venezolano-español José Ernesto Lasorsa Aray desde los calabozos de la Penitenciaría Fénix en el estado Lara, la cárcel con más fallecidos en el país durante el primer trimestre de este año, según registró la ONG Una ventana a la libertad.
José Ernesto es además un preso político. Un número en una estadística vergonzosa, 239, que documenta el Foro Penal. José Ernesto será dolorosamente, según advierte el pronóstico médico, otro fallecido bajo custodia del Estado. Pero eso al régimen no le importa, como tampoco que presenciáramos a través de las redes sociales el asesinato de Oscar Pérez o los disparos de oficiales militares y policías contra el pecho de adolescentes desarmados. La dictadura venezolana utiliza los tribunales para hacer negocios y como fachada para hablar de justicia, porque del resto, sus presos ya están sentenciados a morir de hambre, por enfermedades, secuelas de torturas o tristeza.
José Ernesto con 43 años y cinco hijos, es quien está más claro en su agonía. Cuando fue detenido en septiembre del 2021 ya tenía el diagnóstico de su mal. La dictadura ha hecho caso omiso a ruegos y pruebas para que le proporcionen tratamiento y asistencia médica por los que hoy podría soñar. El cuerpo de José Ernesto se ha ido apagando, tanto, que la Defensora Pública Darling Acosta solicitó el pasado 22 de mayo una medida humanitaria. La petición razonable y con piedad fue despreciada por Francisco Jiménez juez segundo en ejecución del circuito judicial penal de Carabobo. La defensora advirtió, sin ser escuchada, que el detenido “sufre serios y graves trastornos en su salud que exigen su traslado a un centro asistencial”.
José Ernesto se ha seguido agravando. La semana pasada tuvo que ser trasladado de emergencia al hospital. El médico elaboró un informe que detalla la evolución de su mal: “paciente masculino, privado de libertad, traído de emergencia desde la unidad de enfermería del centro penitenciario Fénix Lara, debido a convulsión y epistaxis nasal (…) Presenta antecedentes oncológicos de carcinoma tumoral con mayor extensión en el estadio IV, estado metastásico (enfermedad en fase terminal) (…) Es referido de urgencia a tomografía evidenciando tumor cancerígeno de Breing en hemisferio derecho de masa cerebral, (…) Evidencia de tumor cancerígeno en encéfalo (…) y ramificaciones externas al tallo cerebral (…), Carcinoma de Antro Maxilar con extensión al seno paranasal y desgarro dural, con exposición de la cavidad craneal en hueso etmoidal, posible fuga de líquido encéfalo raquídeo”.
El informe hecho público por la ONG Resistencia sin fronteras, fue firmado el pasado 23 de junio por Juan Carlos Bustamante Terrantossi, médico jefe del servicio de Neuro Cirugía del Hospital Dr. María Pineda.
Poco después José Ernesto fue regresado de nuevo a la prisión. Su caso es el de “los drones”, el mismo por el que han sido imputados muchos inocentes, un expediente clasificado como punto de honor para Maduro por lo que algunos jueces se esmeran en mostrar resultados que le proporcionen satisfacción. Cercanos a José Ernesto informan que su pecado fue asistir como médico, a otro imputado por ese caso. José Ernesto fue acusado de instigación para delinquir, incendio en edificio público, daños a la propiedad pública, lesiones graves, homicidio intencional calificado ejecutado por motivos fútiles e innobles en grado de frustración y financiamiento al terrorismo.
“Mi brazo derecho se está paralizando, no tengo sensibilidad en la parte izquierda de mi cuerpo. Le pedí a los médicos que me hablaran con la verdad y me indicaron que mi condición es grave. No quiero ser pesimista, pero hay que aceptar mi realidad. Quisiera en estas cortas palabras transmitir los pensamientos de un privado de libertad que a pesar de que el tribunal tenía conocimiento de que sufría un cáncer en estadio III (que de haber recibido tratamiento tal vez estaría erradicado) y que recibió solicitudes para iniciar tratamiento de quimioterapia y radioterapia, y que a pesar de las notificaciones al Servicio Nacional de Medicatura y Ciencias Forenses por parte de nueve medicaturas forenses que solicitaron mi traslado, solo ha sentenciado dejarme morir. Mi cáncer pasó a un estadio IV en fase metastásica, fase terminal. Mi proceso judicial me expone a prisión por 20 años, pero estoy siendo castigado a muerte”.
“No me quiero morir. Me interesa mucho hablar de la vida, no de la muerte. Me aterroriza ver a diario en este lugar a gente que le tiene miedo a la vida, a gente que le tiene temor a querer. Eso bloquea y es terrible. Quisiera ser recordado como una persona con ideales. No me arrepiento de la vida. Muchas gracias a todos los que intentaron hacer algo por mí. Estoy intentando sobrevivir”.
