Reformar la ley de Ejercicio del Periodismo es parte de un plan elaborado por un régimen rabiosamente frustrado ante la imposibilidad de silenciar por completo a periodistas a pesar de persecuciones, amenazas, censura, agresiones, que en muchos casos han llevado a la cárcel y al exilio. Ahora ese régimen apunta a desacreditar el noble oficio de ser periodista con un panfletario documento que por la vía del poder ilegal se propone desmoralizar a los profesionales, fracturar al gremio, procurar el control del relato, y de manera especial confundir a la audiencia.
Con esta nueva ley, Miraflores busca entrenar a su milicia para construir y difundir mentiras aprovechándose del desorden que convive en el ecosistema de las redes sociales con múltiples informaciones que circulan sin orden aparente, con intereses mezclados y en oportunidades oscuros. El proyecto de esta nueva ley es abrumar a los usuarios con una avalancha de supuestas noticias emitidas por presuntos periodistas. La arbitraria y excesiva producción de contenido solo busca desacreditar a los emisarios que sí son profesionales y que están comprometidos con el ejercicio de informar, apegados al código de ética.
Fue suficiente escuchar un par de minutos a María Carolina Chávez, segunda vicepresidente de la Comisión Permanente de medios de comunicación de la Asamblea Nacional oficialista, para tener claro el desprecio del régimen al oficio. Para ella, el registro sobre cualquier tema es periodismo, sin importar el compromiso con la verdad y sin tener que cuidar la forma. Según esta funcionaria, ya fueron instaladas las mesas de trabajo para avanzar en la ley.
Se trata de convertir en una oportunidad la arbitrariedad que reina en el mundo digital. Al multiplicar a los emisarios y sus versiones, será muy difícil que la audiencia pueda apreciar dónde está la verdad y cuándo viene dramáticamente disminuida y/o distorsionada por la censura y la autocensura.
En Venezuela diariamente se incrementa la estadística de emisoras de radio cerradas, portales bloqueados, medios tradicionales vergonzosamente callados. Pero para la dictadura eso no es suficiente. Su tranquilidad solo es posible garantizando que nadie pueda ni decir, ni conocer lo que realmente sucede en nuestro país. El contexto de esta mordaza disfrazada de ley es sancionar a quien se atreva a informar sobre casos inconvenientes para la dictadura. El trabajo del periodista se verá aún más obstaculizado y las fuentes se verán en la mira bajo un arma letal.
La dictadura quiere apretar más las tenazas de la censura, manteniendo el silencio sobre el registro de hechos como las protestas sociales, o los incontables y grotescos casos de corrupción que tienen al país en la miseria. Para el régimen también es imperativo manipular los hechos, legitimar sus voceros, y de manera especial banalizar la verdad que, según lo previsto, debe culminar con en el gran lema “Venezuela se arregló”.
Es un ataque por varias vías con el que no les tiembla el pulso para llevarse por delante a su propia disidencia. Ya es frecuente escuchar a militantes o a miembros del llamado chavismo originario, lamentarse de haber sido censurados solo por discrepar de algunas decisiones, si es que no terminan en prisión o muertos.
Básicamente hay un profundo desprecio hacia la audiencia. La élite de Miraflores planifica sus ejercicios de poder bajo el escenario de que el venezolano es un pueblo resentido, frívolo, inmoral e ignorante.
Con un gobierno responsable, el debate hoy se centraría en una mayor profesionalización de los periodistas, en el reto de los nuevos avances tecnológicos y en organizarse contra las “fake news”. Los planes el régimen en cambio van dirigidos a multiplicar las “fake news” y en afilar las garras de la censura con Conatel como instrumento político para eso. Al bate estará Tarek William Saab, salivando ante la posibilidad de montar alguna historia con un periodista preso como protagonista. Recordemos que el colega Roland Carreño lleva más de 630 días en las mazmorras de la dictadura. Roland es objeto vivo de la venganza del régimen que descarga su furia contra él, solo por su amistad con Leopoldo López.
Vistos los anuncios de voceros del oficialismo, vendrán leyes complementarias a este desafuero y utilizarán las actuales para aterrorizar aún más, una de ellas la ley contra el odio. La vulnerabilidad de los periodistas será mayor porque por cada uno que informe verazmente serán lanzados decenas de milicianos “de la universidad de la vida” que contradecirán la verdad expuesta y que pedirán la decapitación de los profesionales que la hayan emitido.
La dictadura, tan desacreditada en el contenido de sus versiones que solo las hacen buena para memes, pretende transformarse en la gran poseedora del relato aprovechando una audiencia sin herramientas para dilucidar dónde está la verdad. En esas condiciones solo queda terreno para la frivolidad y el desaliento.
No dejemos pasar esta ley infame. Estamos obligados a dar la pelea.
