Nicolás Maduro es capaz de todo, que nadie lo dude. Cualquier evaluación que lo coloque en estado de vulnerabilidad irá por el camino equivocado. Nada en su perfil se acerca a la compasión, a la piedad, a la bondad, al perdón. El caso de Tareck El Aissami sobre el que aún están abiertas muchas compuertas, espantó cualquier presunción de que Maduro fuese a titubear o suspender su decisión implacable de llevarse por delante a quien sea necesario para mantenerse en el poder.
Como si estuviera en un juego de guerra derrumbando soldaditos, Maduro supervisa el desmontaje de la poderosa red construida por el exministro de Petróleo, con el primerísimo objetivo de retomar el control militar permeado a sus espaldas por su propio sistema de corrupción y recuperar parte del dinero que se le fue de las manos en su cara. Más de 20 mil millones de dólares regados entre hampones. Un monto que le duele y que necesita con urgencia para hacer proselitismo. ¿Dónde está el dinero? es la pregunta con la que los cuerpos de los detenidos son exprimidos, torturados, buscando datos precisos de algunas operaciones. También son extorsionados.
Maduro sabe que se trata de sujetos que no tienen dolientes, por los que casi nadie se atrevería a hacer defensa pública. El chavismo conoce el monstruo por dentro. Si ellos no se defienden, menos lo van a hacer quienes han sido sus víctimas, que hay muchas en el mundo opositor.
Las detenciones no han cesado en medio de violaciones descaradas al debido proceso, como bien advirtió el exfiscal Zair Mundaray: “al final de la semana pasada se vencieron los 45 días que otorga el Código Orgánico Procesal Penal para la presentación de las acusaciones en los primeros casos de corrupción del caso Pdvsa-Cripto, sin embargo, el Ministerio Público no consignó las acusaciones”.
En las circunstancias descritas, en cualquier país donde hubiese estado de derecho, los detenidos deberían ser liberados, pero no es el caso de Venezuela donde la opacidad ha sido llevada al máximo extremo. Y donde ya han comenzado a reportarse muertes misteriosas y detenidos de los que se desconoce su paradero.
“Es el Ejecutivo quien está manejando a quiénes procesa y a quiénes no”, precisa Mundaray.
Confieso que la venganza y la injusticia no han dejado de enfrentarse en mi cabeza. La sospechosa muerte de Juan Almeida conocido como N33 me ha llevado a un debate interno en el que se impuso denunciar su muerte y exigir su investigación puesto que fuentes del caso aseguran que fue torturado, salvajemente golpeado, lo que habría acelerado su muerte, presentada oficialmente como consecuencia de una cirrosis hepática.
Nosotros no podemos comportarnos igual. No como ellos.
El hacker Juan Almeida fue un ser despreciable cuyo accionar delictivo lo ejercía con la impunidad de estar protegido por el régimen al que servía. Ese mundo al servicio del crimen que vive una de sus crisis a partir de la explosión del imperio de Tareck El Aissami, es una parte que ahora le estorba a Maduro para provecho de las hienas de Miraflores.
Juan Almeida debía ser procesado en lugar de ser molido a palos. Pero Maduro es implacable con los hijos que se le salen del corral. La agenda del oficialismo se ha ido llenando con nombres de desaparecidos, incluso en el caso Pdvsa-Cripto.
Es finalmente el estilo de un dictador. Asalta los bienes de un país, pisotea el estado de derecho, conspira contra las democracias del mundo y une fuerzas con los regímenes sanguinarios. El bienestar de los ciudadanos no le importa. Sus leales disfrutarán de privilegios mientras gocen de su bendición, entiéndase por privilegios mantenerse vivos, en libertad y con riqueza.
Esa élite tiene la orden temporal de bajar la exposición de sus bienes que suelen ser lucidos y disfrutados con sádico placer, desfilados ante los millones de pobres venezolanos para restregarles lo que nunca podrán tener. Los Ferrari y las grandes camionetas han sido guardadas hasta nuevo aviso. Las joyas y la ropa de marca ha de ser usada con discreción.
Esa estrategia la complementa el viejo truco de atribuir al mundo opositor los delitos que el régimen ha cometido. A la presidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, la acusan de robar millones de dólares. Figuera, que es médico cirujana, sería una millonaria muy peculiar, que, en su exilio para sobrevivir en España, trabaja como cuidadora de una anciana. Previamente, Jorge Rodríguez, se había burlado de ella por esa labor, en el mismo estilo de Maduro que denigra de los venezolanos que viven de lavar baños. Así son.
