Jickson Rodríguez es su nombre. Puede tener 14 años, incluso menos. A esa edad sale de prisión en el estado Bolívar. Su serenidad sacude más que si estuviera llorando. Había sido detenido por protestar contra la dictadura. Recuerda en su relato que sus captores comenzaron a golpearlo fuertemente en la cabeza y que él les advirtió que sufría de epilepsia, que no estaba bien que le pegaran allí. Entonces lo lastimaron con más fuerza.
Jickson es uno de los casi 80 niños y adolescentes que el régimen de Maduro ha ordenado detener. Son apresados sin orden judicial, aún estando en sus casas al regreso de las manifestaciones. Son acciones ejecutadas por el FAES y Conas, organismos que no tienen competencia para esos procedimientos. Se trata de cuerpos armados conformados por la dictadura para violar los derechos humanos. Matan, apresan, torturan y extorsionan. Hasta después de cometer los asesinatos, extienden el terror. Sucedió recientemente cuando desaparecieron los cuerpos de dos de sus víctimas y ante el reclamo, los familiares fueron amenazados con que también morirían. Como complemento de sus tropelías se lucran de sus delitos al exigir pago por ciertas liberaciones de los detenidos que en realidad han sido secuestrados.
La detención de menores de edad encaja en un patrón grave. Los muchachos, casi todos de sectores populares, son utilizados como un mensaje de terror hacia la comunidad más desasistida. El régimen procura, desesperado, contener el malestar que ya muestra señales de estallido y que exige la salida de Maduro, a quien ya no le funciona la amenaza de privar a la comunidad de servicios, o de comida o del pago de pensiones. El hartazgo es generalizado.
Zuleima Siso, abogada de la ONG Foro Penal, a pesar de haber sido testigo durante varios años de los atropellos del chavismo, esta vez no pudo retener las lágrimas al presenciar en la sala de un tribunal en Aragua, cómo 28 niños habían sido trasladados allí. Sus cuerpos maltratados olían a sangre, a orina porque ni siquiera les permitieron ir al baño. Algunos se desmayaron. Su delito fue exigir libertad para Venezuela.
El miembro del poder judicial que se niegue a cometer este delito de lesa humanidad es amenazado y castigado. La jueza Ediluh Guédez, ignoró la orden de meter presos a 11 adolescentes en el estado Yaracuy. Al otorgarles libertad plena fue retenida por efectivos militares y civiles que la amenazaron de muerte a ella y su familia. Tal desafuero fue dirigido por el gobernador de Yaracuy, Julio León Heredia.
En la consumación de estos delitos ha habido tres asesinados a adolescentes en las protestas. Adicionalmente dos niñas informaron haber sido abusadas sexualmente por efectivos de la Guardia Nacional, según indicó el abogado coordinador de la ONG Provea, Rafael Uzcátegui.
Los jóvenes asesinados y los heridos recibieron impactos de bala. Las investigaciones apuntan a responsabilizar a miembros de la fuerza pública o agrupaciones paramilitares.
La estadística es alarmante y lo que trasciende a la opinión pública se logra a través de redes sociales y medios digitales. El régimen ha apretado las tenazas de la censura y la autocensura. El director de Cecodap, Oscar Misle, ratificó su alarma ante la detención de más de 80 niños y adolescentes en procedimientos ilegales que violentan los convenios internacionales y la Constitución venezolana. La mayoría de loa muchachos presentan evidencia de maltrato físico y narran tortura psicológica.
La dictadura ha llegado a solicitar condenas de 25 años por diversos delitos desde terrorismo hasta la emisión de gases capaces de causar daño al ambiente (por la quema de cauchos).
Hasta a un niño enfermo de cáncer le decretaron privativa de libertad.
La Unicef no deja de advertir al mundo lo que está sucediendo, pero la realidad es que la única manera de salir de esta pesadilla es que Maduro se vaya de inmediato.
No solo se trata del creciente deterioro de las condiciones de vida para los venezolanos como el escenario principal de la destrucción del país. Es que a estas alturas, es imposible un entendimiento con quien solo apuesta a mantenerse en el poder pasando por encima de la vida de los venezolanos.
Pareciera que estamos en el momento justo para lograr que Maduro se vaya. El mundo sabe que en Miraflores está apostado un dictador. La comunidad internacional hace la correcto al ejecutar acciones que lo cercan y en lo interno el país se activa bajo los lineamientos del presidente encargado, Juan Guaidó. Las organizaciones políticas se fortalecen en torno a la Asamblea Nacional, dejando a un lado las discrepancias que por tanto tiempo nos distrajeron de lo relevante.
Es ahora o nunca.
