La FANB es un desastre. Basta escuchar los testimonios de efectivos huyendo del país para confirmar cómo el régimen ha cumplido uno de sus objetivos: destruir la institución militar. No hay cadena de mando, los colectivos armados gozan de privilegios sobre ellos, la ley no se respeta.
Por eso, el general Hugo “el Pollo” Carvajal escribió en Twitter: “El mundo vio en primera fila a colectivos y presidiarios dirigidos por una impresentable ministra. Lo que aún no ha visto es el accionar de grupos terroristas que hacen vida en Venezuela y están infiltrados en toda América”.
Hace un mes esta frase habría sido interpretada como una amenaza del más informado de los militares chavistas, el exdirector de inteligencia y contrainteligencia militar, el general sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado por la DEA, fiel amigo del expresidente de Venezuela Hugo Chávez.
Pero ahora se trata de una verdad esclarecedora que confirma una realidad. Es una sentencia basada en hechos públicos y en su experiencia al lado de mafias delictivas que actúan bajo la protección del gobierno venezolano desde hace 20 años. Es su confesión como testigo y protagonista de varias operaciones dirigidas desde la Presidencia de la República.
Recientemente “el Pollo” hizo pública su separación definitiva del régimen de Nicolás Maduro al tiempo que reconoció la presidencia interina de Juan Guaidó.
“El Pollo” escribió el tuit mencionado tres días después del intento de ingresar ayuda humanitaria, cuando poblaciones fronterizas con Colombia y Brasil sufrieron una brutal represión. Los insumos de medicamentos y medicinas no pudieron llegar con bien a territorio venezolano y la población que esperaba recibirlos fue atacada con armas de fuego en operativos coordinados por funcionarios públicos, y ejecutados por grupos delictivos paramilitares como los colectivos armados y bandas de presos. Situación sensible vivió Santa Elena de Uairén, al sur del país, donde miembros del Ejército y la Guardia Nacional se comportaron como si fueran unos delincuentes. Allí, la población indígena pemona sufrió una infame agresión con muertos, decenas de heridos (todos de bala) y detenidos. Además, sus humildes viviendas han sido destruidas y sus habitantes perseguidos. Las autoridades de la región han tenido que huir a Brasil y los heridos también, puesto que hasta el hospital fue atacado.
En el resto de Venezuela, los malandros tomaron el control bajo la mirada pasiva de la FANB, ante civiles armados que dispararon contra manifestantes, con especial saña en la población de Ureña, estado Táchira. No satisfechos con eso, quemaron los camiones con alimentos y medicinas.
Rabia y frustración azotaron a los venezolanos. Parece imposible obtener más pruebas de que Maduro es un dictador sanguinario. Los ya centenares de militares que han huido a Colombia y Brasil coinciden en que la orden impartida es reprimir y asesinar al pueblo. La ministra de Prisiones, Iris Varela, se publicita en redes junto a civiles con armas de guerra. Freddy Bernal dirige a la FAES, un grupo armado con asesinatos masivos en su haber. A estos se suman los colectivos que en distintas regiones se comportan como operadores del reparto del botín local –en barrios, pueblos, ciudades– y actúan por delegación de gobernadores y alcaldes que les han encargado el orden público.
Estamos entonces fuera de toda institucionalidad. La Fuerza Armada Venezolana está destruida, es un caos. Se ha deformado en montoneras. Y lo más preocupante es que cada día que pasa está peor. Somos el paraíso del terrorismo. Los grupos irregulares se han ido fortaleciendo en el país. La guerrilla colombiana ocupa más territorio y maneja más dinero. El narcotráfico es cada vez más poderoso. Los presos reciben mejores bonos por sus crímenes. Contrario a la ley, las armas no son del monopolio de la FANB, sino de uso exclusivo del delito.
Ha sido inadmisible el silencio del Comando Estratégico Operacional de la FANB, cuyos miembros vieron los ataques contra la población civil desarmada y permitieron que los responsables escaparan sin ser repelidos ni capturados.
¿Qué más puede hacer el ciudadano desarmado, desvalido, en esta lucha absolutamente desigual frente a unos criminales a quienes no importa que el mundo los vea cometer sus fechorías?
Y ya no hay tiempo. Mientras se permite que desde Miraflores siga despachando un matón, un empleado de las mafias, operador del delito, los grupos criminales se seguirán fortaleciendo y se instalarán definitivamente en el país, extendiendo sus redes hacia el mundo. América debería estar clara en eso.
