La ficción puede ser un refugio para el dolor. Es más cómodo pensar que los hechos son imposibles que la descripción es exagerada y que el relato es producto de una fructífera imaginación. Pero no. En la frontera todo es real, todo está sucediendo. Los cien pasos marcados con sangre, entre el territorio demarcado como venezolano y el colombiano sobre el puente Simón Bolívar, llevan tatuado el dolor de un pueblo humillado por una dictadura.
Estuve en Cúcuta y fui al puente. También a la Casa de Paso Divina Providencia, centro de asistencia administrado por la Diócesis local que distribuye comida a más de 4.000 venezolanos diariamente. Allí decantan cuerpos cuarteados, ya sin lágrimas, con los pies convertidos en callos, sin fuerza para pestañear. No comprenden cómo llegamos a esto. Ser víctima de la maldad sin haber pecado, descoloca a cualquiera, aunque es justo decir que el abrazo de los colombianos desplegando su generosidad, obliga al agradecimiento eterno.
Esta parte de la frontera es una muestra concentrada de la corporación criminal que se ha apoderado de Venezuela y que extiende sus tentáculos hacia Colombia y buena parte de la región.
En el municipio Bolívar, en la comunidad Llano de Jorge, despacha el ELN. Desde su base de operaciones controla toda esa franja de la frontera que tiene al norte a San Antonio del Táchira y al oeste las ciudades colombianas de Villa del Rosario y Juan Frío.
El ELN se estableció en una finca que bordea el río Táchira y administra la trocha más grande del sector por donde pasan vehículos. Ningún transporte terrestre entra o sale por este lado de la frontera sin que el grupo guerrillero conformado allí por unos 300 hombres, lo autorice. El peaje queda a criterio de los delincuentes que deciden los días en que pasan la gasolina, el cobre, el papel o los alimentos, para nombrar los renglones más destacados. El precio de los productos varía según los controles. Tienen su especie de bolsa de valores de gran utilidad para las mafias. Una pimpina de gasolina vale 30.000 pesos. Al ELN le quedan 2.000 pesos como mínimo. Habrá contrabandistas generosos que dejarán más.
Los militares venezolanos y demás organismos de seguridad tienen prohibido patrullar esa zona. El ELN no los necesita cerca. Ellos montan su seguridad, se abastecen a su gusto e incluso supervisan las relaciones entre los habitantes vecinos a esa comunidad. Es así que intervienen en disputas que se terminan resolviendo con la sentencia del comandante guerrillero.
El ELN tiene varios años en el sector pero fue a partir de 2014 con el cierre de la frontera, cuando agarraron más fuerza. Se aprovisionaron de armas de guerra y mantienen un sostenido reclutamiento de jóvenes y cada vez más necesitados venezolanos. Muchachos de distintos pueblos son incorporados el ejército de la narcoguerrilla.
Del lado colombiano, en la vereda Juan Frío, municipio Villa del Rosario, está el grupo paramilitar Los Rastrojos. Allí toca volver a pagar para el ingreso de productos como cauchos, cobre, papel y gasolina, claro está. Pesos y bolívares son las monedas para la transacción. Se trata de una zona muy disputada entre grupos armados similares. Es una empresa que factura mucho dinero. Se calcula que diariamente se facturan 300.000 dólares. Son frecuentes las escaramuzas a tiros entre paramilitares que se enfrentan por el control. En cambio, del lado venezolano la tranquilidad es evidente. Ventaja que goza el ELN al ser protegido del Estado.
Otro elemento ensució aún más la frontera después del 23 de febrero. Se trata del pranato de 150 hombres que tomaron las trochas cercanas al Central Azucarero por el lado de Tienditas, municipio Pedro María Ureña. Es el equipo de presos –que ya no lo son aunque están sentenciados– que Iris Varela ordenó trasladar para que asesinaran a quien osara facilitar el ingreso de ayuda humanitaria. Estos hombres tomaron las trochas y administran los ingresos que les generan el contrabando y otros delitos. Están convenientemente armados y allí conviven aun cuando confrontan problemas con los paramilitares colombianos porque esa zona era de ellos. De esos enfrentamientos surgieron las tenebrosas imágenes de hombres decapitados.
Podría decirse que la autoridad formal entre los grupos criminales es Freddy Bernal, quien tiene a bien proteger a los miembros de las distintas mafias. Los deja actuar y manejar sus recursos siempre que le garanticen el control político y apoyen al régimen de Nicolás Maduro cada vez que sea necesario.
La dictadura se retrata en estos pasos del infierno, mientras el pueblo venezolano agoniza, indefenso.
