El tribunal de Control de Acarigua mandó a prisión a Darelis Corales por decirle fea a la esposa del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno. Fue un mensaje privado por Whatsapp, que no iba a leer más nadie. Un comentario inocente, lejano de cualquier amenaza. Pero la élite del régimen anda muy sensible. El castillo se desmorona y están asustados. Es momento de peligro para todos.
Más de 30 venezolanos han sido detenidos en esta cuarentena por opinar o informar, según registro del Foro Penal. La censura trasciende a las redes sociales o medios de comunicación. Pensar pasa a ser un peligro. Grabar y difundir la verdad, mucho más. El registro diario en Twitter de la cuenta del Sindicato de Trabajadores de la Prensa documenta cómo autoridades de distinta jerarquía se sienten con derecho a castigar a reporteros que ejercen su trabajo. Los comunicadores sociales son amenazados por Nicolás Maduro –caso Charito Rojas, colega del estado Carabobo–, o por cualquier otro burócrata. A los periodistas se les impide acceder a fuentes de información y sus materiales son decomisados o borrados.
Esto que escribo acá, en Venezuela es considerado delito. Para la dictadura no se debe informar sobre la escasez de combustible por lo que está prohibido difundir las imágenes en las estaciones de servicio. Nadie tiene derecho a expresar angustia por la falta de alimentos que ya se va agravando. Si un médico comparte su preocupación porque el sistema de salud está derruido, con seguridad terminará en prisión. Pero no solo no se puede compartir opinión en las redes sociales. Tampoco existe mensaje privado que se respete.
Las detenciones se practican sin orden de allanamiento. El poder ejecutivo hace de juez. Los policías, de fiscales. Un funcionario administrativo de Conatel se autoproclama censor en una estación de servicio. ¿Se volvieron locos? No. Eso se llama miedo.
La dictadura hace de las suyas aprovechando el coronavirus.
Hay más casos que ilustran la arbitrariedad. Alonso Maestre fue detenido en el estado Zulia por publicar mensajes sobre el régimen en redes sociales; su empresa fue allanada. Andrea Estefanía Sayago tiene arresto domiciliario en Trujillo por la difusión de una orden médica en redes sociales. Andrea es jefe de bioanalistas en el hospital de Valera. Ni siquiera por el coronavirus tienen consideración. Es evidente que cuidan su poder y no les importa la salud de los ciudadanos.
Elio José Mendoza Acosta es apresado por DGCIM acusado de replicar un mensaje de Whastapp que había recibido con datos oscuros del presidente del TSJ, Maikel Moreno. ¿Quién tiene la culpa de los malos pasos de Maikel?
Darvinson Rojas Sánchez, periodista, estuvo 12 días en prisión por escribir un tuit cuestionando la alteración de cifras oficiales para ocultar la verdad del coronavirus. A su residencia llegaron efectivos de la FAES encapuchados y armados, sí, el ente que usa Maduro para desaparecer gente. Su padre, Jesús Rojas, y su mamá, Miriam Sánchez, también fueron detenidos y golpeados. Sin orden de allanamiento argumentaron que habían recibido un reporte anónimo de un caso de coronavirus.
Rubén Darío Duarte Camargo denunció en redes sociales la situación de salud en el Hospital de San Cristóbal. Fue detenido. Lluvia Lara estaba en casa de la nieta de una enfermera que grabó un video denunciando la situación de la salud en Monagas. Se la llevaron presa a ella y a la nieta para presionar que la enfermera se entregara.
¿A qué le teme el régimen si tiene el control? ¿Piensan tener a un país confinado en sus casas indefinidamente? ¿Creen que la gente se va a resignar a morir de hambre en silencio?
Beatriz Rodríguez, directora de La Verdad, en el estado Vargas fue citada por la fiscalía de La Atlántida, en Catia la Mar. Se le exigía que revelara la fuente de información que le suministraba datos del coronavirus. La detención la había ordenado el gobernador, general Jorge Luis García Carneiro.
La gobernadora de Delta Amacuro, Lizeta Hernández, ha prohibido informar sobre el coronavirus. Considera que la verdad genera zozobra por lo que ordeno sacar del aire tres emisoras de radio. Le gusta amenazar gritando a los periodistas.
El comunicador Alexander Zerlin estuvo esposado una hora en una estación de servicio en el estado Cojedes por exigir ser abastecido para cumplir con su trabajo.
La periodista Maye Villanueva y el fotógrafo Luis Cobaría, de La Prensa en Táchira, fueron detenidos durante cuatro horas por la Guardia Nacional en la alcabala de Peracal. Decomisaron su equipo y borraron las fotos.
Si se sintieran seguros no estarían tan alterados. ¿Cierto?
