La Corte Penal Internacional es para la élite del régimen una gran preocupación. Lo es bajo la rutina de una dictadura que todo lo controla, que aplasta, que aniquila y fractura voluntades, logrando en muchas ocasiones sumar adversarios a sus filas bajo la extorsión. El esperado anuncio de la Fiscal Fatou Bensouda ante su despedida de la Corte Penal Internacional el próximo 15 de junio ha obligado a Maduro y su camarilla a mostrar temor y cometer algunas torpezas.
Hay razones para considerar que el expediente contra altos funcionarios del régimen por la comisión de delitos de lesa humanidad seguirá avanzando con vida.
Venezuela nunca había estado en el escritorio de la justicia penal internacional. Ahora es el Caso Venezuela I. El expediente que ha sido alimentado desde 2017, acumula delitos de lesa humanidad contra la población civil perpetrados en dos momentos importantes de protestas en Venezuela, 2014 y 2017, siendo estas últimas las de mayor fuerza.
El caso está en fase III la que consiste en la evaluación de la fiscalía para determinar si hay base razonable para proceder a una investigación de conformidad con lo establecido en el estatuto de Roma. Si sucede lo previsto, pasará a la sala de Cuestiones Preliminares para que se inicie la investigación. Ningún examen preliminar en América Latina ha llegado a esa fase.
Recordemos que jefes de las fuerzas de seguridad del Estado están señalados por utilizar fuerza excesiva y disparar de manera planificada contra ciudadanos indefensos. También por detener a miles de civiles, algunos sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención. El expediente refiere “privación de libertad física, tortura y otros actos inhumanos; violación y otras formas de violencia sexual; desapariciones forzadas y persecución fundada en motivos políticos”. A eso se suma la actuación conjunta de fuerzas armadas con civiles armados del gobierno contra los ciudadanos.
Destacan dos asesinatos cometidos durante las detenciones, los del concejal Fernando Albán y del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. Con estos crímenes la dictadura evidenció su inquietud a través de Tarek William Saab. Recientemente este vocero cambió el relato, bastante después de la ejecución de los homicidios cuando personeros del régimen actuaron en total coordinación para asegurar y difundir que el concejal se había suicidado. Ahora dicen que hubo homicidio culposo. En cuanto al capitán, el fiscal oficialista admite que hubo homicidio intencional calificado y tortura.
Otro asesinato sólidamente documentado en el expediente es el del estudiante Juan Pablo Pernalete, un caso que resultó en activador del conflicto entre la fiscal Luisa Ortega Díaz y Nicolás Maduro quien la presionó para que acusara a los manifestantes y que para ello alterara pruebas y mintiera al país. Sobre ese crimen, en otra modificación de la versión oficial, Tarek anunció imputaciones a los efectivos involucrados. Todos los señalados son custodios o funcionarios de bajo rango en la cadena de mando. Los verdaderos responsables, quienes instruyeron para ejecutar los homicidios, son mantenidos a salvo bajo la versión de la dictadura. Pero no así en el expediente en la CPI que en primerísimo lugar apunta a Nicolás Maduro y a las cabezas de los organismos de seguridad civiles y militares.
Las acciones efectistas de buena voluntad de la dictadura no han incluido el cese de persecuciones, detenciones y ejecuciones. La cifra más reciente de la ONG, Foro Penal, es de 299 presos políticos. Por su parte Provea, solo en 2020, contabilizó 2.853 posibles ejecuciones extrajudiciales.
La presión del régimen y la estrategia dilatoria han llevado a Tarek a criticar “el silencio” de la CPI ante supuestos informes. Señalamiento que lo hizo ganador de un contundente desmentido de la fiscal Bensouda quien hasta fecha reciente formaba parte de la lista de afectos de la dictadura. Bensouda ha declarado que la mayoría de los criterios para que el expediente pase han sido verificados. Eso explica el miedo de Maduro.
Queda poco para despejar el próximo paso del Caso Venezuela I. Los expertos aseguran que hay suficientes elementos para decidir. Siempre me gusta referir que existe la posibilidad de que la Corte llame a comparecer o dictar órdenes de arresto a funcionarios señalados en el informe como presuntos responsables. Claro, pueden pasar años para que esto suceda, pero vale la pena -visto el pánico- reiterar sobre esa posible imagen.
Tres alternativas están en el aire con Bensouda. El caso va a la preliminar; por el contrario, no pasa, o la tercera, la decisión queda en manos de su sustituto Karin Khan de quien por cierto hablan maravillas.
