Alguna vez en Venezuela hubo tribus judiciales que apenas el chavismo llegó al poder transformó y superó hasta renglones incalculables. Todo venezolano es una víctima posible para la insaciable corrupción del régimen.
En los tribunales y la fiscalía venezolana operan mafias dedicadas al tráfico y la trata de niños venezolanos. Las bandas actúan con la complicidad de las autoridades y tienen conexiones con varios países de la región. En otra variable, los beneficiados son corruptos que aprovechan su posición de poder para arrebatarle los hijos a sus exparejas.
El modus operandi involucra a una cadena de jueces y fiscales que a través de alteración de expedientes impulsan sentencias fraudulentas con el cobro de altas cantidades de dinero.
Los despreciables funcionarios han logrado velozmente materializar en propiedades su ilegal comportamiento. Me informan fuentes confidenciales: “Michael Díaz Mendoza, director general de Protección de la Familia y la Mujer, fue conminado a borrar de las redes sociales su esplendoroso apartamento recién comprado en la urbanización Los Naranjos. Este personaje junto a David Toro, director de Protección a la Familia, así como otro fiscal de apellido Matute, son parte de la red que junto a jueces inmorales manipulan los expedientes para traficar con niños venezolanos y extranjeros. Estas bandas que ocupan los tribunales del país son los responsables de que 35 niños sigan desaparecidos desde hace por lo menos tres años.
La Fundación Venezolana de Niños Sustraídos Retenidos y Desaparecidos (Funvenides) en voz de su director Eduardo Geymonat, ha mantenido una dura batalla para denunciar lo que ya ha comenzado a ser una situación muy alarmante. Las mafias trafican con niños venezolanos y extranjeros.
Geymonat ha detectado que a pequeños con otra nacionalidad sobre quienes los tribunales venezolanos no tenían competencia, les fue adulterada su información utilizando domicilios y registros escolares falsos. “Hemos verificado 108 causas con referencias de Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos de niños que no son venezolanos que no estaban domiciliados en Venezuela y sobre los que modificaron información, imponiendo decisiones de tribunales locales. Esos niños han sido traficados a diferentes países bajo el velo de legalidad que da la justicia venezolana”, registró el portal El Pitazo. Incluso ofrecen un menú para la región, “se habla de un combo para los interesados en una paternidad o maternidad fraudulenta, donde escritorios jurídicos ofrecen una sentencia venezolana con custodia preventiva o ejercicio natural de patria potestad para un niño extranjero”.
Entre los 35 niños que aún siguen desaparecidos se ha determinado que los mafiosos de fiscalía y tribunales crearon registros escolares que no corresponden a la verdad, domicilios falsos y testigos que nunca conocieron a los niños quienes jamás fueron presentados ante un juez.
Todos los casos son dolorosos. Los padres han intentado recuperar a sus hijos por diferentes vías y se sienten impotentes en medio de la indefensión porque al final están luchando contra mafiosos integrados a la dictadura, funcionarios o enchufados que han arrebatado los hijos a sus parejas en medio de una separación.
Cuenta Lily Guevara que el padre de sus hijos de 4 y 6 años es un juez que se los arrebató en 2018. Los tribunales no aceptan sus demandas, en el proceso se las rechazan. Indica la agencia EFE que un tribunal la declaró “ausente” y le otorgó la patria potestad a su expareja a quien ella previamente había acusado de violencia doméstica, pero tratándose de un juez venezolano, los exámenes forenses y testigos fueron desechados y el caso fue sobreseído. Lily confiesa que tiene miedo, aunque no deja de escribir cada día al juez: “Buenos días Jhon, ¿cómo están los niños? ¿Dónde están mis hijos?”.
Padres y madres que saben que sus hijos están en manos de personas que les podrían hacer daño, han apelado hasta a la huelga de hambre para presionar o llamar la atención de alguien que se apiade de su desesperación.
Por otro lado, la Organización No Gubernamental Fundaredes, cuya directiva encabezada por Javier Tarazona continúa injustamente presa por un delito que no cometió, ha venido denunciando que la desaparición de migrantes está vinculada a redes de trata de personas en complicidad con funcionarios venezolanos. Con una sentencia fraudulenta un niño es trasladado entre diferentes países y de manera preocupante se ha convertido en una práctica continuada. En muchos de estos casos los menores son explotados e incluso esclavizados.
Delitos que florecen con impunidad en la administración chavista.
