¿Estamos prestando la atención que merece la investigación que el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Khan ha iniciado contra la élite del régimen que encabeza Nicolás Maduro? ¿Entendemos la importancia de garantizar que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean procesados? ¿Tenemos una estrategia al respecto? ¿Hay equipos de trabajo abocados a ese caso de manera exclusiva?
El incidente con el gobierno holandés ante la postergación de la visita de la delegación venezolana encabezada por Delcy Rodríguez debería servir para que la oposición venezolana entendiera la importancia que el régimen le da al caso. Lo de menos es la ira de Delcy Rodríguez ante la decisión de los países bajos de diferir por razones de seguridad el ingreso del avión. Lo relevante es la confirmación del marcaje que el régimen mantiene sobre el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
La noticia alentadora de que el caso ha pasado a la fase de investigación exige aún más la atención de nuestra parte, en especial porque el denominado por el régimen como memorándum de entendimiento, coloca el caso venezolano en una situación algo particular de la que el régimen se está aprovechando al utilizar recursos públicos para la defensa de los involucrados.
He preguntado a expertos sobre este contexto peculiar en el que los venezolanos que hemos sido víctimas de lo criminales que están siendo investigados detentando el poder, también somos al mismo tiempo quienes estamos pagando su defensa. Está claro que en el caso de la Corte Penal las acciones son individualizadas. Y son esos sujetos quienes tienen que responder ante la justicia. Por eso hay que repetir hasta el cansancio que no es Venezuela el que estaría en el banquillo de los acusados; los procesados son los que retienen el poder en nuestro país. Por lo tanto, no se deberían gastar recursos públicos en la defensa de esos sujetos, sin embargo -y aquí estalla la peculiaridad- todo cambia o matiza con el tema de la complementariedad positiva que le da pie al régimen para prometer normativas civilizadoras, una nueva institucionalidad o la promesa de que va a investigar, que aplicará castigos a los responsables, etcétera. Es ahí donde cobra relevancia el mentado memorándum que matiza la severidad de la decisión de pasar el expediente a su fase de investigación porque el argumento obvio del régimen es que no hay otra forma de aplicar la complementariedad positiva que utilizando recursos públicos. Recursos que en realidad destinan en beneficio de ellos, financiando sus viajes, pagando abogados y el carísimo lobby necesario.
Nosotros sabemos que esa delegación oficial va a asegurar (y mentir) sobre avances del sistema judicial y también sabemos que lo que quieren es la protección dentro del proceso, que por allí cabalgan.
El exfiscal Zair Mundaray explica que “realmente ellos están actuando en contra del interés público, porque el verdadero interés público es que estos bandidos sean penalmente procesados, tanto en la jurisdicción interna como en la internacional. Y en la interna sabemos que es imposible”.
Hay muchas señales de que el régimen está tomando muy en serio el asunto. El entorno de Maduro asegura que es el juicio ante la Corte Penal es el único escenario al que realmente le teme. El miedo se extiende. No es difícil imaginar lo que va sintiendo la cadena de mando hacia abajo, en especial los que han visto de cerca cómo de manera implacable personajes del círculo íntimo de la pareja presidencial han sido desechados, y que aun cuando hay quienes con mejor suerte han podido huir, los huesos de otros han terminado en prisión o en un cementerio.
Quiéranlo o no, cada uno de los investigados teme terminar perdiendo el poder y la libertad. Por eso la élite de Miraflores tiene enfilado su esfuerzo diplomático, y ha activado dinero y relaciones para evitar que el fiscal Khan avance. Y eso pasa por sacrificar a quien sea necesario. Eso lo saben los señalados y deberían comprenderlo los más vulnerables.
Maduro por mantenerse en Miraflores y librarse de un juicio, no durará en entregar a quien sea necesario. Tal vez por eso, ante los fuertes rumores generados en los días que estuvo desaparecido Tareck El Aissami, según la versión de ellos mismos por razones de salud, corrió el rumor de que había huido del país con cirugía plástica incluida para escapar ante la entrega de su cabeza negociada por Maduro. Imaginen la tensión que se vive en Palacio desde donde probablemente fue lanzada esa fake news.
Lo cierto es que estamos obligados a movilizarnos para contrarrestar tanto la narrativa como el despliegue de recursos destinados a impedir que el caso avance.
El régimen tiene posibilidades de ganar tiempo y hemos aprendido que lo sabe hacer.
