En la espantosa estadística, solo tres estados de Venezuela se salvan de tener en su territorio grupos guerrilleros operando
Venezuela cierra el año 2021 con 244 seres humanos inocentes depositados en las mazmorras que el régimen venezolano ha destinado para su reducción, para aleccionar a la población a la que mantiene doblegada para garantizar que nadie ose poner en peligro su permanencia en el poder. En algunos casos se agregan facturas personales que parten de la sentencia de uno de los miembros de la élite que exige castigo ejemplar para quien ha vulnerado su autoridad o lo ha expuesto ante la opinión pública mediante denuncias que dejan en evidencia su historial de delitos.
Javier Tarazona es uno de los 244 inocentes encarcelados. Su detención se produjo apenas dos días después de una acusación que documentó una realidad inexpugnable: la sinergia entre el régimen de Maduro y la guerrilla colombiana y con ello, las actuaciones del ejecutor de esa política, el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín.
Se trata de un personaje intocable desde los tiempos de Hugo Chávez y que con Maduro ha prorrogado su poder, asumiendo una operación clave en la política expansionista de Cuba y el régimen madurista: la consolidación de un ejército de irregulares a través del fortalecimiento de la guerrilla colombiana alojada en territorio venezolano con apoyo logístico, entrega de armas, equipos de comunicación, documentación, asistencia médica y con el garantizado y próspero financiamiento a través de actividades ilícitas.
Quienes conocen a Rodríguez Chacín aseguran que más que la denuncia en sí misma consignada ante Fiscalía por Javier Tarazona, el elemento activador de la furia fue la exposición de una foto en la que junto al capitán de navío estaba su esposa Carola Martínez, exoficial de la Armada, junto a tres jefes guerrilleros del ELN. “Ella es realmente su punto débil, eso lo conoce muy bien su equipo de seguridad; quien ha vulnerado ese espacio, literalmente ha desaparecido”, detalla una fuente de inteligencia. “A él no le tiembla el pulso para ejecutar castigos o venganzas. La delación puede terminar en muerte”.
Rodríguez Chacín, astuto y silencioso, entrena a sus hombres para el enfrentamiento que incluye estar dispuestos a morir. Su relación con la guerrilla ha ocupado la mayor parte de su vida. Primero la combatió, en cuyo desempeño dejó una estela roja y dolorosa como lo fue su actuación en el Comando Estratégico José Antonio Páez en el caso de El Amparo cuando el 29 octubre de 1988 en el caño La Colorada, Apure, 14 pescadores fueron asesinados. Después con Chávez, para convertirse en el hombre que suministra a la guerrilla colombiana todo lo que sea necesario para sus operaciones dentro y fuera de Venezuela. Es Rodríguez Chacín quien ha entregado fusiles, morteros, granadas, cohetes antitanques. Es quien le ha proporcionado a los insurgentes documentación a través de los organismos oficiales para que se movilicen dentro y fuera del país. En territorio venezolano les garantiza equipo de seguridad con identificación de CICPC, Sebin, DGCIM. Y hacia otros países también. Dispone además de helicópteros y aviones para trasladar a los guerrilleros a Cuba cuando requieren asistencia médica.
Javier Tarazona, se venía convirtiendo en un investigador tenaz, insobornable. Desde su detención el 2 de julio pasado, pasaron cinco meses para ser imputado por los supuestos de instigación al odio y terrorismo. El tiempo en prisión ha deteriorado su salud con problemas de hipertensión, cardíacos y gastrointestinales.
Tarazona es director general de la ONG Fundaredes, profesor universitario, activista defensor de los derechos humanos. Fue hecho preso junto a su hermano Rafael y el abogado Omar de Dios García. Ambos recibieron casa por cárcel. Javier está en el Sebin, en el mismo espacio donde estaba el general Raúl Isaías Baduel cuando falleció.
La solicitud de Tarazona fue que se investigara la participación de los esposos Ramón Rodríguez Chacín y Carola Martínez en la quinta El Vendaval y el hato Guayabal en Apure donde resguardan a la guerrilla. Exigió también que se determinara la relación que existe entre Agropecuaria Don Pío y operaciones de grupos armados, así como la relación entre la empresa Blindaje Seguridad y Protección y miles de armas que se han denunciado como desaparecidas ente el Ministerio Público.
Tarazona ha venido señalando la gran cantidad de pistas clandestinas que operan hasta en áreas de seguridad militar y que están al servicio de grupos guerrilleros.
En la espantosa estadística, solo tres estados de Venezuela se salvan de tener en su territorio grupos guerrilleros operando.
De la protesta expresada ante la detención de Tarazona por las Organizaciones No Gubernamentales defensoras de DDHH en el mundo, el régimen no se da por enterado. Sin embargo, hay que seguir. El grito ha de escucharse en La Haya.
