No hay democracia sin un sistema de justicia independiente. El caso de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez podría considerarse parte de un espejo de la realidad venezolana que confirma que, sin respeto a la división de poderes, el sistema de libertades no se recuperará. Por eso es peligroso navegar en reformas como la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que conlleva ajustes convenientes para la dictadura porque disfraza su esencia y fabrica argumentos a su favor, sin cambiar un ápice en su desprecio por las leyes y los poderes públicos, solo válidos para acabar con el adversario político poniendo muy cuesta arriba una verdadera reforma judicial.
El chavismo contaminó a latinoamérica y sigue dejando víctimas en su rutina. No es casual que los juicios contra Áñez -el ya iniciado y dos más a la espera- han estado monitoreados por Venezuela y Cuba, tanto, que hay partes en la construcción de su expediente que son calco de los procesos llevados a cabo a connotados presos políticos de nuestro país. También parecen haber copiado las técnicas de torturas.
Jeanine Áñez está en una cárcel desde hace 11 meses “sin respetarle su condición de expresidenta, imputada en un juicio ordinario que vulnera sus derechos con prisión preventiva”, denunció el expresidente boliviano Carlos Mesa, al calificar el proceso como linchamiento judicial.
En ese aspecto coincide la inmensa mayoría que no carga el signo de la militancia de Evo Morales, el gran activador de la crisis política y social en Bolivia al pretender perpetuarse en el poder y cometer fraude en las elecciones presidenciales en octubre de 2019, violando normas constitucionales y hasta preceptos ancestrales como el “taki muyu” “el turno y rotación” en cargos que ocupan las autoridades. La pretensión de Morales generó violentas protestas en un país dividido y sumido en acciones violentas que llevaron a Morales a volar a México después que la cúpula militar le recomendó que renunciara. Y Bolivia quedó encendida.
Áñez, entonces senadora del partido Unidad Demócrata, activó la sucesión constitucional para asumir como presidenta interina ante el vacío de poder porque también habían renunciado quienes la precedían en la cadena de mando. Su designación fue avalada por el Tribunal Constitucional Plurinacional dos días después de la carrera de Morales. La comunidad internacional reconoció esta sucesión como constitucional y legítima después de haber advertido sobre las graves irregularidades cometidas por Morales y su organización política en los comicios. Tenía Evo Morales 13 años, nueve meses y 18 días en el poder. Ahora, desde el pasado 10 de febrero, Áñez es enjuiciada como responsable de un golpe de Estado por el incumplimiento de deberes y por resoluciones contrarias a la Constitución. Por este juicio podría pagar hasta 10 años de prisión y aunque expertos aseguran que jurídicamente es un caso muy débil, cuando la justicia es controlada por el Ejecutivo ¿eso importa? Además, el plan dirigido por Morales cuenta con otros dos juicios por terrorismo, sedición y conspiración.
En este primer juicio ha quedado en evidencia la inconsistencia en fechas, con testigos que se contradicen y con evidencias sin soporte y no validables.
En contra de Áñez están los señalamientos de haber violado derechos humanos en la represión al otorgar excesivas y discrecionales facultades a las fuerzas militares para emplearlas contra manifestantes argumentando la difícil situación que confrontaba. Dicho decreto después lo derogó. En todo caso, el proceso penal en su contra no se refiere a estos graves abusos.
A la expresidenta boliviana le están violando sus derechos. Su situación se presenta doblemente injusta al tener como verdugo a quien ella le facilitó llegar al poder, Luis Arce del partido MAS, Movimiento al Socialismo de Evo Morales, quien ganó ampliamente los comicios presidenciales en octubre de 2020. Áñez había lanzado su candidatura, pero la retiró después “en aras de la unidad”. Su mandato terminó en noviembre de ese año.
La prisión de esta abogada es una clara venganza por haber impulsado cinco procesos contra Evo Morales que en su caso los transitó en libertad plena y sin torturas. En cambio, Áñez en prisión, parece estarse despidiendo de la vida. Es una presa política con una salud física y mental disminuida. Ha intentado suicidarse en medio de un cuadro depresivo severo. Su cuerpo ha llegado a paralizarse por completo. Recién comenzó una segunda huelga de hambre. “Ya no quiero vivir. Mis hijos necesitan hacer su vida”, escribió en agosto de 2021.
Hay que reconocer en Áñez haber entregado el poder pacíficamente después de coordinar unas elecciones transparentes. Tuvo coraje también para quedarse en su país, consciente de que quienes la iban a juzgar ya la habían sentenciado.
