Casi 112 mil kilómetros cuadrados es la demarcación aprobada por la dictadura para las operaciones de extracción del oro de sangre sobre una Amazonia devastada y el desmembramiento de las etnias indígenas en beneficio de mafias controladas desde Miraflores. Bautizada como Arco Minero del Orinoco, una compleja operación materializó Nicolás Maduro, destruyendo en todas sus etapas reservas de la biosfera y violentando a ciudadanos que han abandonado sus costumbres autóctonas, convertidos en obreros dependientes -material y psicológicamente- del crimen organizado.
Los indígenas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro sobreviven bajo “la indefensión y postración”, como bien describe la Organización No Gubernamental, SOS Orinoco.
Los sucesos del pasado 20 de marzo en Parima B, municipio Alto Orinoco en Amazonas, en el que cuatro indígenas Yanomami fueron asesinados y un número indeterminado resultó herido por efectivos de la Fuerza Armada, ratifica que militares venezolanos han mutado en criminales que privilegian las ganancias que obtienen de la extracción de oro y de otros delitos que consuman en perjuicio de la comunidad indígena, burlando toda protección ambiental.
Bajo la opacidad que acostumbra la dictadura, informar sobre los sucesos en Parima B ha sido difícil ante la complejidad natural de la zona y el bloqueo deliberado de las autoridades del régimen que han prohibido acceder al lugar de los hechos.
“Los mataron por el oro de sus territorios”, fue la síntesis de la periodista Sebastiana Barráez, quien cuestionó la versión inicial que reducía el conflicto a una disputa por un aparato de comunicaciones. La información confirmada apunta a los militares que venían exigiendo a los indígenas el pago de vacuna en oro y el derecho a explotar espacios vírgenes que forman parte del legendario Yanomami. Ante la negativa de la comunidad, el castigo se manifestó en suprimirle el acceso a los insumos indispensables para vivir. Privaron a la población del servicio eléctrico, de combustible, alimentos, medicinas. Como están en una zona selvática de muy difícil acceso, prácticamente solo por vía aérea, los indígenas no pueden trasladarse y quedan a merced de la extorsión al no poder disponer de gasolina, lo que además les impide llevar material aurífero de la mina a las plantas de circulación. Básicamente, de eso vive la comunidad.
En una zona militarizada, los oficiales salivan por el oro y cobran por todo. Por eso el puesto de comando en Parima B, ahora es disputado por la jerarquía militar cuando antes era considerado un castigo.
La antropóloga Cristina Burelli ha venido denunciando las operaciones criminales en la Amazonia venezolana. A través de SOS Orinoco recapitula que, en Parima B, los misioneros religiosos convivieron por décadas “dando apoyo médico, sanitario, amortiguando embates perniciosos de la cultura criolla”. Pero Hugo Chávez desalojó a los religiosos “dejando a los Yanomami a merced de múltiples factores negativos”.
Quedaron entonces los Yanomami irrespetados, explotados, desdibujados. Su dieta cambió. El casabe, los productos de cacería y de pesca, fueron sustituidos por harina, mantequilla, arroz. Sus actividades artesanales con el oro sagrado indígena se volcaron en una explotación dirigida por criminales sin ningún control.
Después de los sucesos del pasado 20 de marzo poco ha trascendido a la opinión pública, aunque era inevitable que escandalizara la superioridad de oficiales con poderosas armas de fuego contra indígenas con arcos y flechas. La comunidad exige la presencia de Delcy Rodríguez, y esto no es casual. Es conocido que la vicepresidenta viaja con frecuencia a la zona y que tiene intereses en minas de oro. Intereses que se suman a los de la familia Maduro -padre e hijo- y otros jerarcas del régimen.
Las organizaciones vinculadas a las poblaciones indígenas han publicado un documento en el que solicitan la revisión del papel de la FANB y de las autoridades civiles situadas en territorios indígenas “que hacen uso desproporcionado y desmedido de la fuerza pública”.
Fácil de imaginar la atención que prestará la dictadura a esta petición. Basta conocer que antes de los sucesos sangrientos, la indignación de los indígenas hacia los uniformados explotó ante la exigencia de los oficiales de incrementar el monto de la vacuna en oro destinada al general de la Zodi, José Ramón Maita González. El requerimiento involucraría también al comandante de la Aviación, José Silva Aponte, que tiene bajo su mando a los agresores.
La sangre salpica a la alta jerarquía militar.
