La promesa de Maduro resultó en un presagio tan devastador como la tragedia misma: “por cada zona afectada designé a un general para que se encargue de la protección del pueblo”. La incorporación de miembros de la Fuerza Armada a labores de asistencia y protección podría ser una buena noticia en otro país. En Venezuela no.
El pueblo Las Tejerías en el estado Aragua que aloja algo más de 50 mil habitantes ha sido arrasado por un deslave. Dentro de esta tragedia la oferta de Maduro para los damnificados acrecienta la pesadilla. Para nadie es un secreto la extorsión que los militares aplican en todos los escenarios donde ejercen poder. En las alcabalas de carreteras y vías urbanas, en la repartición de bolsas de comida, en la supuesta función de seguridad para los barrios y hasta en las minas. Venezuela toda es territorio de matraca y los miembros de la FANB son sus más visibles ejecutores. Lo hacen con el permiso de Miraflores desde donde se utiliza la filosofía de “dame pa´l fresco” como una solución para mantener satisfecho a ese sector que formalmente no escapa a los embates de la inflación. En síntesis, los dejan resolverse legitimando un delito.
Fue así como mientras Maduro se lucía con esa promesa, las víctimas aún con las huellas en sus rostros de lodo mezclado con lágrimas denunciaban que los miembros del Psuv y en especial los efectivos militares estaban bloqueando la ayuda que sectores vecinos y empresas privadas habían recolectado. Los funcionarios estaban cobrando dólares para dejarlos pasar.
La denuncia se hizo pública con dificultad. Desde los primeros momentos de la tragedia los miembros del gobierno regional y la jerarquía militar comenzaron a prohibir al acceso a los comunicadores sociales a la zona. Tenaces reporteros han tenido que enfrentar, además de las naturales dificultades del terreno, la agresión oficial que sin pudor anunció la decisión de impedir el trabajo reporteril.
“No estorben” dijo con desdén el general Remigio Ceballos, ministro del Interior y Justicia, quien declaró que solo puede haber una versión de los hechos y que ésta es la que se transmite en medios del Estado. A los demás les está prohibido hablar del tema, salvo que sea para repetir el relato manipulado cargado de mentiras que oculta la realidad y tuerce los hechos.
Para imponer su narrativa el régimen ha activado la poderosa maquinaria de comunicación que opera en doble vía: para silenciar lo que no es conveniente y para manipular datos que den credibilidad al discurso oficialista. Sobran los ejemplos que en pocas horas ratifican una tiranía que ya no disimula la censura y que ordena a su tropa impedir que los periodistas cumplan con su deber so pena de perder su libertad y de que su material y equipos de trabajo sean destruidos.
Entretanto los asesores comunicacionales de Maduro le van afinando su monserga en la que incorpora el tema religioso. Por eso el tono de sermón que en las últimas horas menciona reiteradamente a Cristo y repite frases hechas como “renacer del dolor”, prometiendo que “Tejerías volverá a brillar en vida, en paz hacia delante”, “surgirá la esperanza con la bendición de Dios”, ofreciendo actos milagrosos como que en 72 horas todas las zonas estarán limpias y claro, dinero, un bono especial para las familias.
La censura y el atropello llevaron al Instituto de Investigaciones de la Comunicación, Ininco, a recordar a las autoridades a través de un comunicado, “el rol vital del trabajo mancomunado entre medios de comunicación, expertos en desastres, equipos de búsqueda y salvamento, cuerpos de seguridad, equipos de salud y prevención, así como la comunidad organizada y los gobiernos locales para ofrecer de manera efectiva la información de brindar atención a los afectados y exponer la magnitud de los hechos”.
En mi larga experiencia profesional es la primera vez que conozco de un gobierno en Venezuela que asume como política oficial la censura en una tragedia de estas dimensiones. Es una decisión despiadada impedir a los reporteros que cumplan con su deber de informar y ayudar a víctimas, voluntarios e instituciones. Se trata de una acción cruel contra los ciudadanos que, en momentos tan dramáticos, tan complicados, tan dolorosos, se les está privando de información, mutilándoles la posibilidad de un servicio que les aportaría datos sobre sus familiares y sobre el rescate. La maldad del régimen impide y/o dificulta la posibilidad de salvar vidas y mitigar angustias.
De nuevo se comprueba que a Maduro y su entorno poco importan la vida de los ciudadanos, su bienestar, su seguridad y que solo les interesa mantenerse en el poder. Y lo que es más despreciable: sacan provecho a la tragedia.
