Los sucesos del pasado 20 de marzo en Parima B, municipio Alto Orinoco en Amazonas, en el que cuatro indígenas Yanomami fueron asesinados y un número indeterminado resultó herido por efectivos de la Fuerza Armada, ratifica que militares venezolanos han mutado en criminales que privilegian las ganancias que obtienen de la extracción de oro y de otros delitos que consuman en perjuicio de la comunidad indígena, burlando toda protección ambiental.

“Los mataron por el oro de sus territorios”, fue la síntesis de la periodista Sebastiana Barráez, quien cuestionó la versión inicial que reducía el conflicto a una disputa por un aparato de comunicaciones. La información confirmada apunta a los militares que venían exigiendo a los indígenas el pago de vacuna en oro y el derecho a explotar espacios vírgenes que forman parte del legendario Yanomami.

El informe emitido esta semana por Michelle Bachelet es deleznable. El efecto es muy grave porque va dirigido a fortalecer la dictadura y dar legitimidad a un sistema ausente de justicia.

Ahora se explican algunos movimientos que debían encender las alarmas respecto a oscuras intenciones para acallar la verdad de lo que en materia de derechos humanos ocurre en Venezuela. ¿Por qué Michelle Bachelet sacó a todo el equipo que venía adelantando el trabajo de lo que sucedía en nuestro país? Peor aún, quienes venían documentando el tema fueron enviados lejos de nuestras fronteras con el argumento de que tenían un lenguaje beligerante y fueron sustituidos por gente que no oculta su simpatía hacia el régimen.

¿De dónde sale un personaje en quien los militares han confiado para depositar hasta siete cifras en dólares? La historia de Pabón Barreto lo revela innato para hacer negocios. Se retiró como teniente en 1991. Sus superiores aseguran que fue un oficial muy gris que se graduó de 167 entre 213. Cuando se fue de baja (o tal vez por eso) vio su oportunidad como comerciante al detectar que sus compañeros del Ejército eran en su mayoría responsables del adiestramiento de los reclutas. Pabón logró contratos para vender el material entregado a los jóvenes cuando ingresan al Ejército. Luego se asoció con administradores de unidades militares que llegaban a altos cargos. Y por ahí siguió avanzando. “De vender pañuelos, peines y cortauñas, pasó a obtener contratos para pertrechos militares, enseres y repuestos de aviación”, confirma un alto oficial

Lo que queda de gobierno interino corre peligro. Algunos temen que Estados Unidos le tenga prevista una muerte natural, en cuyo proceso los teléfonos no serán atendidos y las agendas se mostrarán copadas.

La mayoría de los venezolanos que viven en su país quiere creer que las cosas mejorarán y tal vez sí, para algunos, porque la guerra ayuda a que el precio del petróleo aumente y a que la democracia y la libertad y la ley, disminuyan. Pero ese dinero no se invertirá en obras, ni ayudará a los viejitos pensionados, no construirá hospitales, ni reparará escuelas.

Los que sueñan con vivir mejor asumirán la nueva circunstancia con fe, es comprensible.

El presidente Joe Biden se pronunció complacido con la liberación de rehenes. Lo presenta como un éxito producto de la negociación con Maduro. Sin embargo, se han activado algunas alarmas. 

En Venezuela el chavismo creció sobre el relato de odio contra las élites. Hugo Chávez antagonizó con los poderosos para fortalecer su discurso que resultó en una operación de sustitución de corruptos. Sacó a los de la democracia y colocó a los suyos que controlaron el poder. El supuesto objetivo de bienestar y una vida justa resultó una estafa. La estrategia activó el deseo de venganza y dividió al país.

Después, el odio popular mutó porque a Maduro el pueblo lo detesta. Quedó por allí, contenido, sin unirse al odio que siente la oposición que ha sido maltratada por más de dos décadas y que en el agotamiento ha terminado volcando tan fuerte sentimiento contra sí, en lugar de activar alianzas y encauzar su rabia contra el odiador, ese que es capaz de entregar nuestro país al ser más detestado del planeta.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea hace ver en su informe que el tema electoral en Venezuela es materia vista. Habría sido de mucha utilidad que la Misión hubiese sido más enfática para denunciar los abusos del Plan República que en momentos específicos ha demostrado interferir en el proceso. No se debe olvidar el secuestro de las actas decisivas para el triunfo de Superlano en Barinas. En la repetición de los comicios, los periodistas señalaron a los efectivos militares que se dedicaron a impedir la cobertura informativa. De hecho, el Colegio Nacional de Periodistas contabilizó 38 violaciones al ejercicio, con las que obstaculizaron el ingreso de los comunicadores a los centros de votación, junto a amenazas, hostigamientos y como ya es costumbre, la eliminación del contenido periodístico y el intento de decomisar los equipos

Jeanine Áñez está en una cárcel desde hace 11 meses “sin respetarle su condición de expresidenta, imputada en un juicio ordinario que vulnera sus derechos con prisión preventiva”, denunció el expresidente boliviano Carlos Mesa, al calificar el proceso como linchamiento judicial.

En ese aspecto coincide la inmensa mayoría que no carga el signo de la militancia de Evo Morales, el gran activador de la crisis política y social en Bolivia al pretender perpetuarse en el poder y cometer fraude en las elecciones presidenciales en octubre de 2019, violando normas constitucionales y hasta preceptos ancestrales como el “taki muyu” “el turno y rotación” en cargos que ocupan las autoridades.

La pretensión de Morales generó violentas protestas en un país dividido y sumido en acciones violentas que llevaron a Morales a volar a México después que la cúpula militar le recomendó que renunciara. Y Bolivia quedó encendida.

Yaelvis Santoyo Sarabia era un bebé de 8 meses cuando recibió un tiro que le explotó su cabeza mientras estaba en los brazos de su madre Darielvis Sarabia que resultó herida cuando junto a 20 venezolanos que habían salido del Delta e intentaban ingresar a Trinidad y Tobago fueron atacados por la Guardia Costera que ordenó disparar para evitarlo. Es el tercer niño que fallece en el intento de sus padres de salir de Venezuela este 2022.

La crisis humanitaria tiene como cabeza responsable a Nicolás Maduro y como cómplices a quienes forman parte de la élite del régimen.

Los venezolanos huyen para sobrevivir y a costa de mucho sacrificio, privilegian la posibilidad de algo diferente al hambre. Huyen del espanto, de la certeza de sueños truncados que no garantizan ni siquiera una mínima condición de vida y se encuentran con la muerte.