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¿Cuál es el plan? En Maduro está muy claro. Quiere empezar a gozar de la legitimidad cuya ausencia ha puesto tantos obstáculos en sus negocios. Con una oposición con la que pueda convivir podría lograr reducir las sanciones –para ello apuesta al triunfo de los demócratas en Estados Unidos–. En todo caso, una oposición dividida, es su mundo de felicidad. Romper el consenso opositor con una parte que estuviese dispuesta a convivir con la dictadura, le da aliento para seguir en el poder indefinidamente, con la cara lavada.
Miembros de ese grupo que insisten en llamarse opositores han admitido que no van a ganar la Asamblea y precisan que su objetivo sería intentarlo a futuro en elecciones regionales, municipales, un posible revocatorio y luego las presidenciales. Nada incómodo para la dictadura.
Delcy Rodríguez es la protectora de “el Coqui”, quien a su vez le garantiza servicio de seguridad a ella y a su hermano Jorge. Se trata de una relación natural de criminales con los jefes del poder político en Venezuela. Se dice que “el Coqui” está solicitado por homicidio, secuestro, robo de vehículos y tráfico de drogas. Pero en la práctica no es así.
Realmente, en la nómina de la vicepresidencia hay por lo menos una docena de miembros de la banda. Por ejemplo, “el Titi”, lugarteniente de “el Coqui”, trabaja junto a Delcy en cuya agenda está registrado su número 042631 (…), compartiendo espacio con ministros y familia. Otros miembros de la banda –hombres y mujeres– también han sido incorporados a la nómina de la vicepresidencia.
¿Qué activó el ventilador? La planificación del fraude para el 6 de diciembre, sin duda. También la crisis. Los que están al mando en tiempo de pandemia aplastan al débil ciudadano, lo reprimen, le arrebatan su comida, lo extorsionan y humillan. Y algunos de los maltratados, son ellos mismos.
La rebelión de insatisfechos ha comenzado a generar atropellos policiales y muertes sospechosas. El Partido Comunista de Venezuela en Puerto Cabello denunció acoso de parte del SEBIN. “¿Intimidación? ¡No lo lograrán!”, anunciaron por Twitter los miembros del partido asediado.
A otros les fue peor. El dirigente del PSUV Carmelo Bislick, que venía acusando de extorsión, corrupción, tráfico de combustible y de drogas a las autoridades del estado Sucre, fue secuestrado de su casa en Güiria el pasado 17 de agosto y luego asesinado.
La Iglesia venezolana ha venido expresando su preocupación por la inamovilidad de la dirigencia opositora en un marco de maltrato e indefensión de los ciudadanos ante el régimen y con el horizonte de la desesperanza. De allí su exigencia de “buscar salidas y generar propuestas… pues la sola abstención hará crecer la fractura político-social en el país…”. Advertencia más que razonable.
Que la CEV manifieste esto no la convierte en alacrán, traidora o chavista. Tampoco se trata de que los curas son unos ignorantes de la realidad o inconsistentes en sus criterios. Esas apreciaciones son como mínimo, injustas e irrespetuosas. Pero andamos en la temporada de descalificar con extrema ligereza. Y también en la que abundan los expertos en torcer la verdad.
No es casual que el oro esté presente en eventos oficiales y en especial en actos militares. Es el oro un instrumento de persuasión para la élite castrense sobre la que se sostiene en buena parte la dictadura. El oro convirtió en aliados convenientes a los guerrilleros luego de que durante décadas han sido enemigos de nuestra democracia, autores de crímenes que cegaron vidas de miembros de las Fuerzas Armadas y han atentado contra nuestra soberanía. Pero de pronto, el oro encandiló a los militares y logró la metamorfosis de los guerrilleros que pasaron de terroristas a ser sus socios en las minas y en otras áreas de delitos. Es con oro que se hacen centenares de transacciones con entes internacionales. Y son miembros de la FANB los que protegen el traslado ilegal de oro para ser sacado de nuestras fronteras.
El próximo proceso electoral viene signado por los planes de la corporación criminal. Va siendo un gigantesco montón de falsedades y manipulación de datos y circunstancias. Uno de los representantes picados por el alacrán anunció como proveedor a Smartmatic y poco después la misma empresa dijo que era mentira, que nada tenían que ver –desde el proceso de la fraudulenta Constituyente– con los nuevos proveedores del CNE.
El miércoles 29 de julio se cerró el registro electoral y lo único seguro es que la trampa de diciembre está cantada. Lo reitera Estados Unidos, lo volvieron a escuchar los noruegos. Y, sin embargo, nada hace retroceder a un régimen que se alimenta del enfrentamiento y que tiene calibrada la oportunidad de la pandemia.
Al dispararse las cifras de COVID-19 en Zulia, la dictadura encontró una nueva oportunidad para estigmatizar y acusó a quienes ingresaban al país de bioterroristas. En algunos pueblos han llegado a marcar las casas de los contagiados.
El miedo, la represión, la censura se han encargado de lo demás. El personal sanitario ha cargado con la peor parte. Con un ritmo de trabajo insostenible, carece de equipos de bioseguridad. Este miércoles habían fallecido 14 médicos y tres de enfermería. Los profesionales están alarmados por la velocidad con que los pacientes dejan de vivir y sienten que eso no interesa a ninguna autoridad. Si denuncian son encarcelados. No hay protocolo de nada.
No es descuido que la alta comisionada haga menos cuando su deber es hacer más. Creo que ese informe es una decisión calculada. Bachelet habría podido presentar pruebas ante los estados de la ONU de la destrucción de nuestro país por parte de quienes ostentan el poder y el sometimiento de los venezolanos ante un régimen totalitario que reprime, tortura, destruye a la disidencia, pisotea la ley, delinque con terroristas y narcotraficantes y pretende llevar a cabo un proceso electoral parlamentario fraudulento en medio de una pandemia que la dictadura utiliza para mantener a la población bajo su control con una crisis de carestía de combustible, alimentos y servicios básicos.