“Sin asomo de piedad”, es la frase con la que Theresly Malavé describe el comportamiento de los funcionarios responsables de detener, procesar y torturar a sus defendidos. La tenaz y solidaria abogada ha representado durante casi 18 años a los presos políticos más antiguos del régimen chavista. Se trata de los efectivos de la desaparecida Policía Metropolitana, apresados y sentenciados a partir de los sucesos del 11 de abril de 2002.
Ocho funcionarios de la PM, los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, más Luis Enrique Molina, Arube Pérez, Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín, Marco Hurtado, Julio Rodríguez, junto al comisionado especial de seguridad e inteligencia de la Alcaldía Mayor, Iván Simonovis, iniciaron la larga lista de presos políticos que han sido martirizados por orden del Ejecutivo en violación descarada del estado de derecho, sin que hasta la fecha alguno de los responsables responda ante la justicia.
El caso de los funcionarios se centró en los sucesos que dejaron 19 fallecidos entre la avenida Baralt y la Urdaneta, específicamente la esquina de Puente Llaguno, desde donde funcionarios y varios militantes del oficialismo dispararon a una masa inerme que avanzaba por las calles del centro de la capital exigiendo la renuncia de Hugo Chávez. Después de 20 minutos de tiroteo, efectivos de la PM -nadie sabe a ciencia cierta quiénes- respondieron al ataque, pero lo objetivo, es que la defensa de los policías pudo probar en el juicio que las armas de los nueve imputados no habían sido accionadas. Eso no le importó a la juez Marjorie Calderón, premiada al poco tiempo con su ascenso de militante roja que la ha llevado a presidir la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia e incluso a acariciar la idea de sustituir a Maikel Moreno en la presidencia.
Diez años después de estos hechos, una carta certificada de Eladio Aponte Aponte exmagistrado oficialista, da cuenta de la macabra venganza y retaliación en la que él participó: “mantuve comunicación constante con la jueza Marjorie Calderón de Maracay y con la fiscal Haifa El Aissami para que hicieran todo para retrasar el juicio y así causarles penurias con traslados y para que finalmente se produjera sentencia condenatoria a como diera lugar”.
Las instrucciones eran órdenes directas de Hugo Chávez, según Aponte Aponte, y como tales fueron rigurosamente cumplidas. Salvo los tres comisarios que eran blanco evidente de la furia chavista, los seis efectivos policiales fueron seleccionados por estar en el lugar equivocado en el momento infeliz. Tal fatalidad ha destrozado sus vidas y la de sus seres queridos.
En contraste, los llamados pistoleros de Puente Llaguno fueron absueltos bajo el argumento de legítima defensa a pesar de que un video grabado por el canal Venevision los mostró disparando desde una posición privilegiada.
Este martes 15 de febrero salió en libertad el cabo Arube Pérez con pena cumplida de 17 años y 10 meses. En ese tiempo tuvo dos hijas. De la mamá de la primera, enviudó. “Estar privado de libertad me costó muchas cosas, maltratos, humillaciones, pérdidas. A los custodios no les gustaba que nos definiéramos como presos políticos, pero eso éramos. Yo como policía sé muy bien cómo trataban a los funcionarios que en procedimientos habían asesinado a alguien. A nosotros no nos trataban así. Nunca se tomó en cuenta mi buen comportamiento para mi redención (desde el primer día de su detención los funcionarios han trabajado y estudiado). Es muy duro. La única forma en la que un privado de libertad que se sabe inocente puede lograr salir con bien de esa situación es no dejarse atrapar por ese monstruo. Si te sientes preso, pierdes. Siempre hay que pensarse en libertad. Ahora tengo motivos para seguir y algún día a ellos les tocará”, me comentó con voz serena Arube poco después de su liberación.
Todavía quedan tres presos de ese caso: Luis Molina, Erasmo Bolívar y Héctor Rovaín. Los otros cinco sentenciados además de Arube, han salido por enfermedades, con limitaciones o controles excesivos. De ellos, Iván Simonovis que tenía casa por cárcel, logró escapar en mayo de 2019.
¨Si bien nos alegramos por la libertad de Arube, el desaliento nos atrapa porque para nosotros la esperanza queda muy lejos -comparte su tristeza Laura Pérez, exesposa de Molina-. Laura se refiere a que la sentencia del padre de sus dos hijas es de 30 años. En igual situación están Bolívar y Rovaín. No tienen motivo para pensar que este régimen los va a liberar antes de la pena cumplida. En Venezuela no se conoce de un preso que haya pagado en prisión el tiempo de la pena máxima. Pero ya conocemos la impiedad del chavismo.
Y sobre todo: A nadie le agrada pensar en la película de terror en la que dentro de 12 años y dos meses el chavismo pudiese continuar en el poder.
