En los tribunales y la fiscalía venezolana operan mafias dedicadas al tráfico y la trata de niños venezolanos. Las bandas actúan con la complicidad de las autoridades y tienen conexiones con varios países de la región. En otra variable, los beneficiados son corruptos que aprovechan su posición de poder para arrebatarle los hijos a sus exparejas.

El modus operandi involucra a una cadena de jueces y fiscales que a través de alteración de expedientes impulsan sentencias fraudulentas con el cobro de altas cantidades de dinero.

Los despreciables funcionarios han logrado velozmente materializar en propiedades su ilegal comportamiento. 

La Fundación Venezolana de Niños Sustraídos Retenidos y Desaparecidos (Funvenides) en voz de su director Eduardo Geymonat, ha mantenido una dura batalla para denunciar lo que ya ha comenzado a ser una situación muy alarmante. Las mafias trafican con niños venezolanos y extranjeros.

¿Quienes odian no se dan cuenta de que están interpretando el guion de la dictadura? ¿No es un error maltratar a un venezolano que podríamos sumar a nuestro lado?

Escrito esto, paso la página hacia las buenas señales arrojadas por estos juegos olímpicos. Me enorgullece, por ejemplo, la tenacidad de los que lucharon por participar en la gesta olímpica. Para todos sin excepción mi aplauso y agradecimiento. Se sabe que en Venezuela no basta con alcanzar los números exigidos por el Comité Olímpico Internacional. La mayoría tuvo que procurarse los recursos para entrenar y para viajar. Han sido grandes e importantes batallas que no caben en este espacio. Menciono dos de manera especial: a Eldric Sella quien compitió en boxeo bajo la delegación de refugiados que por segunda vez asiste a los juegos olímpicos y fue creada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para visibilizar la tragedia de millones de personas desplazadas de sus países de origen por conflictos, crisis humanitarias y desastres. 

En la 77 Asamblea de Fedecámaras el pasado 20 de julio, el obispo auxiliar de Caracas, Ricardo Barreto, tomó la palabra para leer una carta del cardenal Pietro Parolín, secretario de Estado de Su Santidad y quien fuera embajador del Vaticano en Caracas. 

El texto enviado por el cardenal es impecable. La misiva está dirigida al ahora expresidente del organismo empresarial -fechada el 23 de junio- y presenta términos coleccionables. Usa un tono diplomático, realista, sensato y su narrativa activó la soberbia de Maduro quien con su reacción se mostró como un energúmeno. Maduro dijo: “la carta es una cosa rara…un compendio de odios, de veneno de rencillas, de desastre nacional…”.

Los invito a que se procuren la carta y la lean completa para que disfruten la pluma del cardenal Pietro Parolín y gocen aún más lo que generó. El cardenal habló en voz baja, con respeto y consideración, dejando a Maduro poseedor del veneno y el odio que lleva en su corazón.

Dice Tarek que en Venezuela funciona la justicia. No puede evitar que su voz suene tan falsa como la de un torturador que le dice a su víctima que no le va a doler.

Tarek sabe que puede perder hasta sus zapatos Balenciaga Triple S. Maduro le ha dejado claro que no solo se trata de complicar y alargar el proceso, estrategia que han cumplido al dedillo en el caso de Alex Saab. Además, Maduro le exige que espante para siempre el peligro de la CPI.

Genera natural curiosidad imaginar a Tarek como guía del fiscal Khan en Venezuela. ¿Lo llevaría a El Rupial en La Victoria estado Apure a escuchar los testimonios de los pobladores respecto a lo que sufrieron en marzo de este año y semanas posteriores?

Maduro jamás pensará o actuará como un demócrata porque no lo es. Anunciar interés por las negociaciones es sólo una manera de matizar su imagen autoritaria, asegurar a la comunidad internacional que va a mejorar las condiciones electorales es un modo de ganar tiempo y prometer a los venezolanos que se medirá alguna vez es una burla descarada a la que además saca provecho para utilizarla en dividir a la oposición.

Y entonces explotó Cuba. Los hechos asustaron a Maduro, ni qué decirlo, en especial porque ninguno los vio venir, es decir, la inteligencia cubana, fue sorprendida. Por supuesto, la paranoia se activó. A final de cuentas se trata de la misma gente que ha penetrado nuestros sistemas de seguridad y dirige los hilos del control social en Venezuela.

El régimen de Nicolás Maduro violenta la Constitución, continua y descaradamente. El pasado 6 de julio la Asamblea Nacional (AN), electa de manera fraudulenta en diciembre de 2020, aprobó un acuerdo con el que declara la inexistencia, ineficacia e invalidez de los actos de la AN elegida en 2015 en la que la oposición logró por votación popular la mayoría calificada. Salieron de inmediato personajes que pesan miseria como Timoteo Zambrano a apurarse para proponer una ley que anule todos los acuerdos legislativos aprobados entre el 6 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2021.

Registrada esta gravedad quisiera complacerlos para el regodeo necesario, con la referencia del desastre y las divisiones que se muestran florecientes en el proceso interno de las candidaturas dentro del PSUV.

“La ley de Ciudades Comunales permite que sean sustituidas las diferentes instancias de gestión, regional, local, y municipal mediante la transferencia de recursos y competencias a autoridades no electas por el voto universal, directo y secreto”, precisa el documento de las ONG´s.

La lectura de los expertos advierte sobre el término “poder popular” que “agrava la delegación absoluta de capacidad de gestión y decisión de la cúpula del poder estatal, la opacidad de la gestión pública y las anomalías en la gestión de recursos”. Y he aquí un elemento fundamental. La creación de estructuras paralelas a los municipios con base en los consejos comunales garantiza la corrupción. “Bajo esa ley, Maduro pretende normar el funcionamiento e interrelación entre las jurisdicciones, gestión de servicios públicos y transferencia de recursos por parte del Ejecutivo”, advierten especialistas.

Dos versiones no contradictorias corren en los pasillos del TSJ. La primera apunta al castigo al presidente del máximo tribunal Maikel Moreno quien ha tomado el sistema de justicia con bandas delictivas que extorsionan sin límites. Y si bien eso no es un problema para un régimen que se sostiene sobre sus socios del crimen organizado, hay un elemento clave que lleva a la segunda versión. Tiene que ver con la constante preocupación de Maduro por la investigación de la Corte Penal Internacional. Todas las averiguaciones que hagan comisiones que incidan en esa instancia, como la oficina de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo hacen temblar. Y Miraflores maneja la información de que va muy avanzada una investigación cuya parte más gruesa profundiza en todo el sistema de justicia y su participación en la represión, la persecución por razones políticas y en el desmontaje institucional.

El tema no debe ser desechado a pesar de la banalidad de los protagonistas. “(…) escucha gringuito ya estamos preparados, con armamento ruso te estamos esperando, vente pa´cá que lo que te viene es palo, seremos tu Vietnam latinoamericano (…)”, entonan jóvenes oficiales bajo el aliento de un superior con megáfono y la supervisión del titular de Defensa.

La humillación propinada a la FANB recientemente en Apure no es coherente con esos cantos. Tampoco la balacera que casi a diario se escucha en el oeste de la capital activando la conciencia del caraqueño respecto al poderío de la banda del Vampi y el Coqui por sobre los organismos de seguridad.

Pero la FANB puede resultar peligrosa jugando a través de otros, por ejemplo, usando a la guerrilla colombiana. Por eso, el ataque de este martes 15 de junio a la Brigada 33 del Ejército colombiano en Cúcuta, donde el Comando Sur tiene una oficina, puede aumentar la tensión de Colombia y Estados Unidos sobre Venezuela.

Venezuela nunca había estado en el escritorio de la justicia penal internacional. Ahora es el Caso Venezuela I. El expediente que ha sido alimentado desde 2017, acumula delitos de lesa humanidad contra la población civil perpetrados en dos momentos importantes de protestas en Venezuela, 2014 y 2017, siendo estas últimas las de mayor fuerza.

El caso está en fase III la que consiste en la evaluación de la fiscalía para determinar si hay base razonable para proceder a una investigación de conformidad con lo establecido en el estatuto de Roma. Si sucede lo previsto, pasará a la sala de Cuestiones Preliminares para que se inicie la investigación. Ningún examen preliminar en América Latina ha llegado a esa fase.